Las regiones internacionales en el siglo XXI
Cuaderno de Investigación

El militarismo como obstáculo
al cambio político en Medio Oriente:
los casos de Egipto, Palestina y Sudán

Esta investigación, arbitrada a “doble ciego” por especialistas en la materia, se privilegia con el aval de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México.

Este libro fue financiado con recursos de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, de la Universidad Nacional Autónoma de México, mediante el proyecto “Las regiones internacionales en el siglo XXI. Pautas estratégicas estudios transversales” coordinado por Carlos Ballesteros, como parte del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) IN304218.

Las regiones internacionales en el siglo XXI. El militarismo como obstáculo al cambio político en Medio Oriente: Los casos de Egipto, Palestina y Sudán.

Coordinador: Carlos Eduardo Ballesteros Pérez

Primera edición: 5 de mayo de 2022.

D.R. © 2022 Universidad Nacional Autónoma de México
Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04510, México,
D.F. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Circuito
“Maestro Mario de la Cueva” s/n, Ciudad Universitaria,
Alcaldía Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México, México.

Cuidado de la Edición: Sigfrido Bañuelos Lizárraga
Diseño editorial: Miguel Ángel Reyes Fernández
Diseño de forros: Ana Patricia Reyes Fernández

Oficina de la Abogada General
ISBN:978-607-30-6028-8

Queda prohibida la reproducción total, directa o indirecta, del contenido de la presente sin contar previamente con la autorización expresa y por escrito de los editores, en términos de lo así previsto por la Ley Federal del Derechos de autor, en su caso, de los tratados internacionales aplicables.

Impreso y hecho en México/Made and printed in Mexico

Las regiones internacionales en el siglo XXI
Cuaderno de Investigación

El militarismo como obstáculo
al cambio político en Medio Oriente:
los casos de Egipto, Palestina y Sudán

Carlos Eduardo Ballesteros Pérez
Coordinador

Proyecto PAPIIT IN304218
Las regiones internacionales en el siglo XXI.
Pautas estratégicas y estudios transversales

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Enrique Luis Graue Wiechers • Rector
Leonardo Lomelí Vanegas • Secretario General
Luis Agustín Álvarez Icaza Longoria • Secretario Administrativo
Alfredo Sánchez Castañeda • Abogado General
Socorro Venegas Pérez • Directora General de Publicaciones y Fomento Editorial

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

Carola García Calderón • Directora
Patricia Guadalupe Martínez Torreblanca • Secretaria General
Jesús Baca Martínez • Secretario Administrativo
E. Teresa Blanco Moreno • Jefa del Departamento de Publicaciones

Índice

Presentación
Carlos Ballesteros

Medio Oriente, un panorama complejo
Marlene Hernández Morán

Militarismo en el Mundo Árabe: el caso de Egipto
María Elena Díaz de la Cruz

El militarismo en Palestina y los obstáculos para su estatalidad
Francisco Daniel Abundis Mejía

Sudán: militarismo y transición política
Rubén A. Peña Carmona

Presentación

Carlos Ballesteros

Hacia el final de la segunda década del siglo XXI, los procesos globales y la política internacional plantean problemas de gran alcance y, en consecuencia, requerimientos de comprensión que ponen a prueba el instrumental con que cuentan las ciencias sociales. Para entender el sistema internacional contemporáneo, se hace necesaria una perspectiva capaz de combinar el análisis de las nuevas pautas políticas que siguen las relaciones internacionales con el estudio adecuado de los cambios que han determinado la evolución de la sociedad global y sus diferencias internas.

En la construcción de la perspectiva multidimensional, compleja y autorreflexiva, que demanda el conocimiento del mundo actual, resulta indispensable generar nuevos recursos de observación y establecer programas de investigación orientados a la generación de capacidades explicativas acordes con una realidad difícil de aprehender. Dada la interconexión y la dinámica acelerada de procesos que modifican a la sociedad y la política, se abre el espacio para la incorporación de aproximaciones más elaboradas en diferentes niveles de análisis, toda vez que resulta evidente la dificultad para proseguir la vía estrecha del nacionalismo metodológico, al tiempo que la banda ancha de los enfoques globales resulta demasiado borrosa. Situados en una etapa definida por la inestabilidad, la dispersión y las tensiones entre un relativo ordenamiento de los procesos internacionales y los impulsos hacia su desestructuración, se vuelve patente la búsqueda de puntos de apoyo tanto para comprender problemas con múltiples causas, como para elaborar las orientaciones políticas que permitan enfrentarlos.

Entre los puntos de apoyo para desarrollar aproximaciones con posibilidades de articular conceptualizaciones, interpretaciones y estudios empíricos con definición suficiente, sin perder de vista el horizonte que establecen los procesos globales, tiene un lugar importante la investigación sobre las dinámicas que corresponden a las regiones internacionales. Si bien el debate sobre la cuestión regional se extiende por más de seis décadas, lo cierto es que no hay consensos estables sobre la forma de entender y desarrollar esta perspectiva específica en el marco de las Relaciones Internacionales y, más allá de este referente disciplinario, hacia la integración de estudios en donde puedan coincidir las capacidades analíticas y explicativas del conjunto de las ciencias sociales. Se ha puesto atención a la problemática regional en diferentes momentos, pero sobre todo en función de las evoluciones de los proyectos regiona-listas de carácter comercial y económico. El planteamiento de distinciones para la consideración de dinámicas regionales avanzó de manera notable en las dos últimas décadas del siglo XX y principios del XXI, en particular como efecto de la construcción de bloques económicos y la evolución política de la Unión Europea. Sin duda, la coyuntura histórica posterior a 1989 favoreció el desarrollo de concepciones apegadas al despliegue de procesos de integración en el marco de una nueva era para los mercados globales, lo que también fue favorable para el reconocimiento de las dinámicas de regionalización en distintos niveles. Se hizo posible la ampliación de las observaciones históricas, espaciales, sociales, comparativas y de manera destacada las correspondientes a las cuestiones vinculadas al poder, seguridad y gobernanza mundiales.

La investigación actual sobre regiones internacionales parte lógicamente de los logros alcanzados en etapas previas, pero es un proceso que ha incrementado sus requerimientos de análisis como efecto de transformaciones aceleradas y la interconexión de dinámicas que parten de los distintos ámbitos que determinan la conformación, evolución e, incluso, la disolución de sistemas regionales. Impulsos provenientes de las fuerzas globales, cambios de orden diverso en las interacciones regionales, así como giros soberanistas y modificaciones socioculturales, obligan a llevar a cabo estudios más elaborados y marcos más comprehensivos para formular propuestas relevantes.

Abordar hoy la problemática regional solo es posible desde concepciones capaces de articularse con el proceso de cambio en las ciencias sociales y, en particular, con el entorno epistemológico inmediato que es el de las Relaciones Internacionales. Además, deben considerarse las modificaciones de carácter epocal que corresponden a la inestable coyuntura posterior al agotamiento del orden de la posguerra fría, junto con la translación posoccidental del centro de gravedad económica del mundo y la rearticulación de las hegemonías. En un momento en que los contornos de procesos importantes no están del todo definidos, el trabajo de conceptualización se hace más difícil, pero no por ello menos indispensable, toda vez que el desarrollo de pautas orientadoras es la condición para enfrentar tanto la alta demanda de explicaciones comprehensivas, como de instrumentos práctico-normativos.

La construcción de un nuevo enfoque sobre las regiones internacionales sigue el curso de las capacidades acumuladas por las elaboraciones teóricas de las ciencias sociales y asimiladas por las Relaciones Internacionales. El movimiento pospositivista que incorpora la amplísima discusión sobre los dilemas planteados por el propio desarrollo de las ciencias naturales, el papel de la hermenéutica y la posibilidad de desarrollar nuevos criterios universales es el trasfondo de una concepción contemporánea de la sociedad global y su ordenamiento político internacional. En virtud de los extensos debates de fin de siglo XX y su continuación en el siglo XXI, se ha despejado el camino para trascender el conflicto entre lo universal y lo concreto, evitar un esquema ahistórico de racionalidad y reconocer las prácticas históricas comunes, sin perder la capacidad de comprensión objetiva. Al mismo tiempo que observamos el ocaso de la idea de razón en la historia, se han afirmado diferentes proyectos y accesos teóricos para proseguir el camino del conocimiento científico.

En medio del cambio de condiciones globales, sin que haya lugar para expectativas infundadas, las ciencias sociales tienen un vasto horizonte de desarrollo debido a la necesidad de descifrar fenómenos derivados de la complejidad e hipercomplejidad que define a la sociedad actual. En el programa de este campo de conocimiento se encuentra lograr una mejor articulación entre niveles de análisis, enfrentar el problema de la fragmentación de saberes y la intercomunicación en las disciplinas y entre las disciplinas, como algunos puntos decisivos.

La disposición general de las ciencias sociales se refleja en las Relaciones Internacionales al quedar atrás el debate interparadigmático para dar paso a una fase donde aparecen nuevas formas de examinar las cuestiones epistemológicas, normativas e incluso ontológicas, como lo determinan los procesos mundiales en desarrollo. Los polos del positivismo-racionalismo y del reflectivismo-contructivismo se han mantenido –como se confirma con el auge de las metodologías cuantitativas y la ampliación de las vertientes hermenéuticas–, pero también se aprecian esfuerzos de síntesis que procuran alejarse de lo que fueron las tendencias dominantes. En este terreno surgen nuevas posiciones críticas, avances importantes en la reconstrucción del racionalismo y versiones más elaboradas del constructivismo, lo que propicia la formación de consensos inestables, pero eventualmente útiles para generar cambios de concepción sobre las observaciones que realizan los especialistas en cuestiones internacionales.

La problematización teórica de las Relaciones Internacionales, mediante la incorporación de temas que se habían analizado en otros ámbitos, ha enriquecido el debate epistemológico y lo ha llevado a trascender fronteras y admitir nuevos desafíos. Aun cuando perviven los enfoques que han sostenido la disciplina por largo tiempo, lo cierto es que resulta cada vez más difícil mantener la pretensión de fundamentos inamovibles o premisas generales. Al mismo tiempo, ha sido posible advertir que el radicalismo crítico deconstructivo no es por sí mismo una garantía de progreso en el conocimiento. En la fase actual de la reflexión teórica en Relaciones Internacionales, la cuestión que resulta necesario despejar es cómo integrar una perspectiva acorde a los requerimientos de una realidad social y política que solo es accesible desde un racionalismo plural. Por eso es tan importante destacar los pasos hacia una apertura conceptual que atiende las dimensiones no consideradas en el proyecto original de la disciplina, pero que hoy aparecen como elementos indispensables, recuperados por distintas teorizaciones. La línea social-constructivista, las teorías feministas, la elaboración de nuevos planteamientos deontológicos, el acento sobre los factores contingentes y el papel de la agencia, así como la inclusión de argumentos que provienen del posestructuralismo y de formulaciones de carácter cosmopolita y neokantiano, marcan un cambio en la composición del vasto campo de conocimiento que se identifica con los temas internacionales y los estudios globales.

La composición actual de las Relaciones Internacionales es mucho más compleja que la de etapas anteriores, pero es aún insuficiente si se toma en cuenta la magnitud de los cambios mundiales en curso. Con todo y la ampliación de temáticas y el desarrollo de nuevas formas de aproximación a los objetos de conocimiento, la ciencia que se aboca a entender las dinámicas sociales y políticas del mundo actual está obligada a revisar su instrumental teórico, así como sus recursos analíticos. Las tensiones generadas en un escenario global que se modifica rápidamente, el problema de las múltiples modernidades, la sincronización tecnológica, el cambio en las concepciones de la seguridad y el poder, así como el papel de las estructuras históricas y las variaciones funcionales del Estado, se presentan como líneas de investigación que reclaman la renovación, o el establecimiento de nuevas distinciones, así como conceptos y explicaciones suficientemente argumentadas. Por lo pronto, prevalece una tendencia a la dispersión y el relativismo, en buena medida producto de los intentos por deconstruir la herencia disciplinaria y mostrar sus vínculos con el ejercicio del poder y la hegemonía por parte de las potencias occidentales. Se ha puesto atención en la necesidad de desnaturalizar las relaciones políticas, económicas y sociales que han definido al mundo moderno, con el propósito de dar paso a una visión mas comprehensiva en la que tiene un lugar crucial el problema del colonialismo, junto con las consecuencias del desplazamiento de saberes y la conformación de condiciones de subalternidad. En general, la asimilación de las cuestiones relativas a la diversidad cultural y el dominio, así como el ensayo de nuevas formas de crítica apoyadas en una perspectiva plural e historizada, pueden entenderse como un descentramiento necesario. Sin embargo, es un cambio que adquiriría un sentido superior si alcanzara a configurar procesos de reconstrucción teórica, favorables a un conocimiento más completo de los problemas mundiales, incluida la interacción de los Estados y otros actores internacionales.

Todas las cuestiones que se han señalado conforman el entorno teórico e histórico para la elaboración de nuevas observaciones sobre la dimensión regional de la sociedad global y la política internacional. Como tarea específica de delimitación conceptual y actualización del campo de estudio, es de gran importancia la construcción de pautas analíticas que sitúen de manera adecuada la investigación sobre regiones internacionales. Adelantar en este sentido es parte del ordenamiento y sistematización del que depende la reactivación del gran proyecto de las ciencias sociales, principalmente en lo tocante a la comprensión de la complejidad global y su constitución múltiple.

Fredrik Söderbaum (2016) ha propuesto volver a plantear el tema del regionalismo en términos analíticos a partir de una nueva reflexión sobre la historia, el espacio, las comparaciones y la perspectiva global. Su ambición no es construir una gran teoría del regionalismo, sino entender las regiones de manera no reduccionista y multidimensional. Para tal efecto, recupera el amplio debate que va del viejo al nuevo regionalismo, pero lo observa a través del cristal reflectivista y constructivista, con el propósito de formular nuevas perspectivas y mejores explicaciones de los fenómenos regionales que las establecidas por los enfoques anteriores.

Siguiendo a Söderbaum, la apreciación histórica del regionalismo es importante porque permite reconstruir los planteamientos utilizados y advertir que, en lugar de situar su comienzo en Europa, está vinculado a la herencia global. En este sentido, es indispensable trascender las líneas de tiempo cortas, que limitan la visión a las organizaciones regionales formalizadas, para reconocer formas más fluidas de regionalización alrededor del mundo. Situar la historicidad favorece además la comprensión de ideas y teorías a partir de su contexto político. Asimismo, facilita comprender la naturaleza multidimensional del regionalismo actual, como espacios en los que interaccionan diversos actores estatales y no estatales, en redes formales e informales, lo que define distintos modos de gobernanza.

En otro nivel de análisis, se encuentra la cuestión del espacio y la escala, lo que implica desplazar la idea simple de entender la región como agregación de Estados, o continente de procesos sociales determinados por los actores estatales, a fin de eludir la trampa territorial y distinguir otros espacios y otras escalas. La geografía crítica y la sociología permiten entender que las regiones no son constructos fijos, sino que forman parte de la dinámica social. La dimensión regional es constitutiva de la sociedad, por lo que se mantiene a causa de factores históricos, interacciones contingentes, valores, identidades y prácticas, así como órdenes normativos. Se establece de ese modo una distinta visión del espacio, definida por las fuerzas sociales, mismas que desarrollan estrategias, resistencias y estructuras políticas.

A partir de esas consideraciones teórico-históricas, es factible el establecimiento de comparaciones, lo que abre un campo de investigación y acumulación de conocimientos. En este punto, el problema es evitar universalismos falsos o generalizaciones sin sustento. En consecuencia, se requiere la conformación de una perspectiva ecléctica, temporal y espacial, a la vez que capaz de distinguir conceptual y metodológicamente objetos de investigación muy distintos, pero que pueden compararse. Las regiones requieren de observaciones en distintos niveles, mismos que definen la pertinencia de las comparaciones.

Por otra parte, afirma Söderbaum, repensar las regiones solo tiene sentido en relación con la perspectiva global. Se trata de todo un programa de investigación teórica y empírica, vinculado a la cuestión de la gobernanza. Coinciden también los desarrollos sobre las relaciones entre regionalismo y multilateralismo, debido a que el horizonte de la gobernanza global debe producirse como un proyecto en el que se definen múltiples interacciones y alternativas. A la entrada del siglo XXI se puso el acento en la importancia de la gobernanza en materia de seguridad regional, pero es importante destacar que existen distintos órdenes de gobernanza regional articulados a los esbozos de gobernanza global, que corresponden a procesos económicos, como los acuerdos comerciales o sociales, como los que se organizan en torno a la salud o la educación.

Para dirigir el curso del pensamiento hacia una nueva comprensión de las regiones, se tiene que reordenar la lógica de interpretación que estuvo largo tiempo imantada por la ontología del Estado. No obstante, eso no conlleva un rechazo al análisis de la influyente intervención de los actores estatales, sino solo situar correctamente su papel en la transformación fundamental que está ocurriendo en la sociedad y la política. Cabe tomar en cuenta la complejidad multinivel de las estructuras, espacialidades y gobernanzas, así como el fin de las concepciones unitarias del Estado westfaliano. En este cambio, los enfoques sobre los espacios regionales son altamente relevantes. La observación regional, como concluye Söderbaum, pasa a tener un papel crucial en la transformación global si es posible prefigurar el ascenso de un mundo de regiones, a partir del orden jerárquico del mundo globalizado. Las consecuencias de ese proceso, en lo inmediato, es iniciar programas de investigación capaces de producir marcos de análisis novedosos para un tema que incluye aspectos de gran trascendencia social y política.

El interés por volver a pensar la dimensión regional frente a los cambios globales ha generado estudios relevantes, como el de Andrew Hurrell (Hurrell, 2009), sobre el orden mundial contemporáneo y la constitución de la sociedad internacional. En esta obra se analizan los cambios mundiales que se consideran más significativos, los problemas que se derivan de ellos y las posibles formas para enfrentarlos. Aunque el tema central es el orden y la gobernanza, el propósito es explicar la complejidad global y desarrollar argumentos plausibles que permitan orientar la intervención de los actores internacionales. El análisis planteado incluye una amplia consideración sobre el lugar que ocupan las regiones en el orden político global y en los procesos que lo determinan. La cuestión se establece en términos de la existencia de diferentes mundos regionales, dentro del mundo de la globalización capitalista, las dinámicas de seguridad, instituciones, medios de gobernanza e interacciones políticas igualmente globales. Hurrell observa que en ese contexto el nivel regional de la política y la gobernanza se ha afirmado, por lo que es posible distinguir una arquitectura de la política mundial en la que emerge un sistema multirregional de relaciones internacionales. Para sustentar esa idea, el estudio se concentra en la forma en que las fuerzas globales interactúan con los procesos regionales, con la cual es posible describir los procesos en los dos ámbitos y advertir cómo se entretejen temáticas con gran incidencia. El nacionalismo, la propia globalización, el medio ambiente o los derechos humanos pueden abordarse de un modo distinto al ser observados desde el plano global y el plano regional simultáneamente.

Pese al efecto regresivo de los soberanismos, es posible advertir que la atención a los procesos regionales, como vector explicativo de los procesos sociales y políticos globales, se ha mantenido e, incluso, tiende a ampliar sus objetos de estudio. Un buen ejemplo es el volumen recientemente publicado sobre los factores de la integración y el regionalismo en Europa y Asia (Brennan y Murray, 2017), en donde se reúnen trabajos muy interesantes centrados en la exploración de nuevas vías de análisis y métodos de comparación, pero que remiten a la necesidad de revisar conceptos y enriquecer el debate sobre la conformación y pervivencia de las interacciones regionales. El aspecto más destacado es que con todo y el amplio debate sobre la consideración conceptual de las regiones, se echa de menos una operación teórica y empírica sobre los factores de la integración, lo cual conduce a reunir diferentes perspectivas disciplinarias para abordar procesos complejos. Se pone así énfasis en la naturaleza multifacética de los factores de la integración, por lo que se demandan explicaciones histórico-culturales, diferenciaciones dentro de la esfera económica, como, por ejemplo, las redes de negocios internacionales, la perspectiva sociológica y la de la ciencia política para seguir el curso de las decisiones estatales y las relaciones entre los Estados. Además, se propone que los estudios adviertan sobre la importancia no solo de los factores que impulsan la formación de regiones, sino también de los impedimentos u obstáculos que se enfrentan. Un tema relevante es el papel de las crisis económicas por su efecto ambiguo en los procesos regionales y el mantenimiento o dislocación de los patrones de integración. En este conjunto de aportaciones, lo importante es destacar la constitución de nuevas agendas de investigación, que se entienden de una forma más plural que en etapas previas de la reflexión sobre los temas regionales y los estudios comparativos que corresponden a este nivel de análisis.

En la línea de los estudios comparativos destaca el libro de Etel Solingen (2015), en el que sigue la evolución del marco conceptual de los acuerdos regionales y su comparación, dejando atrás el eje eurocéntrico para abordar otros espacios y otras trayectorias regionales. El sentido del nuevo análisis que se propone es entender el regionalismo como un fenómeno amplio que no se limita a la expresión institucional de las relaciones regionales. Se plantea así la idea de que la institucionalidad regional está inserta en diferentes grados de conflicto y cooperación, lo que representa un contexto determinante y elemental desde el punto de vista de los procesos de investigación. De hecho, las regionalizaciones deben ser exploradas empíricamente, lo que es fundamental al momento de concentrarse en lo que se categoriza como regiones emergentes. En el texto de Solingen se presenta una especie de fenomenología de las regiones desarrollada para evitar la sombra que proyecta la Unión Europea y que debe situarse aparte, a fin de entender otras dinámicas de construcción de regiones. Asimismo, el estudio pone atención especial al tema de la formación de coaliciones entre el Estado y actores privados como factores que influyen decisivamente en la orientación de los procesos regionales.

Otra contribución al enfoque comparativo que tiene como particularidad el objetivo de cubrir prácticamente todos los aspectos referentes a la temática regional es The Oxford Handbook of Comparative Regionalism editado por Tanja A. Borzel y Thomas Risse (Borzel y Risse, 2016). El extenso «manual» reúne a muchos de los especialistas más reconocidos en los debates que han ido conformando la gramática del campo de estudios. En el desarrollo del compendio se le otorga gran importancia a la clarificación conceptual a fin de unificar criterios. Detrás de las definiciones de región, como construcciones sociales que hacen referencia a localizaciones territoriales y la contigüidad geográfica o normativa; regionalismo, como procesos de construcción de instituciones guiados por al menos tres Estados, y regionalización, como desarrollo de interacciones de diferente naturaleza entre Estados y sociedades geográfica o culturalmente contiguos, se encuentra una prolongada integración de consensos que, sin embargo, es siempre provisional. Tras el emplazamiento general de la temática del regionalismo y el estudio de sus enfoques más relevantes, el compendio aborda los distintos órdenes regionales, las cuestiones relativas a la gobernanza sobre ejes estratégicos y la comparación regional de instituciones.

Como puede observarse, la producción intelectual alrededor de la cuestión regional es muy amplia e influye en el cambio de concepciones sobre las Relaciones Internacionales y las interacciones disciplinarias en ciencias sociales. Un ejemplo para destacar es la obra de Barry Buzan y Ole Waever sobre los complejos de seguridad regional (Buzan y Waever, 2003), que incorpora una teoría que define la región como un nivel adecuado de análisis, al tiempo que permite organizar estudios empíricos y desarrollar escenarios sobre posibles alternativas. De acuerdo con esta teoría, la formación de complejos de seguridad regional (CSR) deriva de la interacción entre, por un lado, la estructura anárquica y sus consecuencias en el equilibrio de poder, y, por otra, las presiones de la proximidad geográfica. La adyacencia es mucho más determinante en el ámbito militar que en el político, social o del medio ambiente. Buzan establece que las cuestiones relativas a los CSR no se plantean en términos discursivos como construcción de regiones, sino que dichos complejos regionales están socialmente construidos en el sentido de las prácticas de seguridad de los actores. El punto es importante porque vincula una función, en este caso la seguridad, al nivel de análisis regional y se concentra en prácticas específicas. Regiones definidas funcionalmente, lo que es una distinción conceptual útil que proviene del análisis sistémico. Las CSR son subestructuras, o subsistemas del sistema internacional, que pueden analizarse en términos de polaridad, en el arco de lo unipolar a lo multipolar, toda vez que el poder se regionaliza. Además, la teoría propuesta incluye un giro wendtiano al apoyarse en una elaboración constructivista de la relación amigo-enemigo, aun cuando el análisis de Wendt de las estructuras de la anarquía trasciende esa oposición básica. La teoría delineada por Buzan y Waever ofrece dispositivos analíticos de gran interés para las cuestiones relacionadas con la seguridad internacional, pero es también una referencia sobre un proceso de elaboración conceptual que asume la posición estratégica de la dimensión regional, así como la necesaria articulación de las perspectivas teóricas que emergen de la sociología y se dirigen hacia una sociología global.

Precisamente, en esta recuperación de contribuciones a la formulación de nuevas concepciones sobre la temática regional y su relación con los procesos globales, es pertinente tomar en cuenta el interés de la sociología por localizar adecuadamente las cuestiones relativas a la regionalización. En el libro From Globalization to World Society. Neoinstitutional and Systems-Theoretical Perspectives (Holzer, Kastner y Werron, 2015), distintos autores analizan los proyectos más ambiciosos de una teoría de la sociedad global, la investigación sobre una polity mundial y la investigación sustentada en la teoría de sistemas, tratando de encontrar puntos en común, como vía para orientar los análisis empíricos sobre la globalización. Los ensayos proporcionan ideas valiosas para trascender las explicaciones convencionales sobre los fenómenos globales y, en particular, la teoría del sistema-mundo. A fin de desarrollar una comprensión mas completa y profunda de los procesos que han modificado la sociedad, hasta el punto de poder ser definida como sociedad global, se opta por reconocer los conceptos y líneas de trabajo formuladas por el neoinstitucionalismo, junto con la perspectiva multidimensional del neofuncionalismo en la versión de la nueva teoría de sistemas. El encuentro de esas dos tendencias teóricas permite articular espacios de investigación a partir de observaciones sobre procesos de diferenciación, campos globales y organizaciones formales.

En este planteamiento es de especial interés la localización de las temáticas regionales por Mathias Albert y Stephan Stetter (Albert y Stetter, 2015). A diferencia de los enfoques centrados en unidades de acción, el Estado o las organizaciones, como factores de la integración y la construcción de instituciones, Albert y Stetter proponen centrar el análisis en las dinámicas evolucionarias de carácter sistémico y en la diferenciación interna de la sociedad global. En este sentido, se ofrece una alternativa a las explicaciones que se detienen en la consideración empírica y particularista de los procesos regionales para entender las formas regionales y sus estructuras como manifestaciones de la sociedad global. El argumento avanza hacia la comprensión de las regiones como formas sociales de la sociedad global y la regionalización como institución primaria del sistema de la política mundial. En esta concepción macrosociológica, apoyada no solo en la teoría de sistemas, sino también en la teoría de la diferenciación, las regiones son un orden emergente, que no se reduce a las características de sus componentes. El orden regional es parte del sistema de la política mundial, como diferenciación espacial distinta a la de las soberanías, un segmento de la sociedad global, definido funcionalmente. Las regiones comportan así invariablemente la diferenciación segmentaria y la diferenciación funcional. De allí que las macrorregiones, como la Unión Europea o la ASEAN, estén definidas geográfica, pero también política y económicamente. Para comprender los procesos regionales, se requiere entonces de la combinación de la teoría de la sociedad mundial y de las teorías del orden político planteadas por las Relaciones Internacionales. De tal manera que la investigación puede analizar las dinámicas del sistema político, junto con el estudio de la regionalización de distintas esferas funcionales.

Como se desprende de las referencias seleccionadas, el emplazamiento de la temática regional continúa propiciando distintos accesos teóricos y vías de investigación que revelan, a la vez, el despliegue de comunicaciones no solo científicas, sino también políticas. Considerada sintéticamente, la formación de regiones es parte del proceso de diferenciación a través del cual se ha ido constituyendo y sigue constituyéndose la sociedad global, lo que incluye las formas políticas que conocemos, así como su posible evolución.

Es dentro de este debate actual que se ha pensado la organización del proyecto «Las regiones internacionales en el siglo XXI. Pautas estratégicas y estudios transversales», como un espacio abierto al intercambio de ideas y perspectivas por especialistas que desarrollan investigaciones sobre temas regionales en distintas instituciones académicas. Esta iniciativa ha contado con el respaldo del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), de la Dirección de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El proyecto (PAPIIT IN304218) ha sido planteado para llevar a cabo estudios de carácter teórico y empírico que contribuyan a establecer perspectivas avanzadas sobre las regiones y situar su problemática en el desarrollo de las ciencias sociales, en particular de las Relaciones Internacionales. El punto de partida ha sido la necesidad de llevar a cabo una reflexión integral sobre los cambios en las circunstancias geopolíticas, económicas y sociales que definen la época actual y que influyen en el desarrollo de los procesos de regionalización, así como en las observaciones de los investigadores. En buena medida, la motivación del proyecto es entender el efecto del reflujo de las dinámicas de globalización posterior a la crisis de 2008, mismo que se manifiesta en la afirmación de los nacionalismos y las políticas proteccionistas. Con esta situación en mente, se ha considerado necesario integrar nuevas pautas de observación, lo cual, además, coincide con el propio despliegue del debate científico y las diversas cuestiones que se han ido planteando y ante las cuales es preciso contar con propuestas y elaboraciones propias. Las circunstancias históricas actuales y las transformaciones que ha experimentado el campo de análisis favorecen el avance de hipótesis y formulaciones innovadoras para enfrentar la complejidad global y regional. Esta apertura a horizontes de conocimiento no explorados se apoya, por supuesto, en el estado del arte que se ha generado en las dos primeras décadas del siglo XXI.

Para integrar la línea general del proyecto, se propuso articular los estudios especializados que caracterizan a la investigación sobre regiones internacionales con elaboraciones conceptuales que pueden ser utilizables para realizar inferencias, contrastar interpretaciones y elevar el nivel de abstracción de los planteamientos. Por tal razón, se planteó generar líneas heurísticas y despejar problemas epistemológicos al introducir formulaciones teóricas que permitan captar las especificidades de la dimensión regional, sin perder la profundidad de los análisis histórico-culturales. La forma de reunir las diferentes vertientes y prácticas de investigación se limita a destacar la hipótesis de que las regiones pueden ser entendidas como vastos procesos comunicativos. De esa manera, se da cabida a las distinciones realizadas por la teoría de sistemas, pero también a los trabajos más próximos a los intereses de conocimiento de carácter hermenéutico.

Entender las regiones como sistemas complejos, al tiempo que se recuperan las descripciones y observaciones especializadas, las semánticas y la constitución histórica de las identidades, forma un marco amplio para desarrollar investigaciones muy diversas, sin perder capacidades de interlocución y reconocimiento. A partir de esa propuesta de interacción se ha establecido la expectativa de concretar un modelo teórico de observación de regiones.

El programa del proyecto «Las regiones internacionales en el siglo XXI. Pautas estratégicas y estudios transversales» se propuso como primer paso la elaboración de un conjunto de cuadernos de investigación que permita difundir los análisis de los especialistas participantes. La organización de los cuadernos se apega al criterio convencional que marcan los estudios regionales, toda vez que las investigaciones especializadas se mantienen en la división segmentaria de grandes espacios continentales y subdivisiones reconocidas. Aunque, como se ha argumentado, el debate sobre la comprensión teórica de la dimensión regional y sus efectos en la investigación es muy amplio, lo cierto es que prevalece la identificación académica de las distinciones marcadas por la historia y la propia comunicación entre los expertos.

Los cuadernos de investigación publicados por el proyecto son una oportunidad para conocer las perspectivas, análisis y conceptos sobre las regiones internacionales que se discuten hoy en México. Se trata de contribuciones que están en diálogo permanente con la comunidad académica global, como lo revelan los trabajos que se han incorporado. Aunque cada cuaderno es solo una muestra de los intereses de investigación y de las formas de plantear la construcción de conocimientos, la lectura de los textos hace patente no solo el alto grado de especialización que exigen los estudios regionales, sino también el planteamiento de reflexiones más generales como efecto de las necesidades de comprensión determinadas por la complejidad del mundo contemporáneo.

En el cuaderno de investigación dedicado a Medio Oriente, se optó por centrar los análisis en el tema del militarismo como obstáculo al cambio político, a propuesta de un destacado especialista en la región, quien además organizó las participaciones en esta publicación. Agradezco su compromiso con el proyecto y el buen sentido de su elección temática. Asimismo, es muy afortunada la participación de Marlene Hernández Morán, quien contribuyó con el panorama sobre Medio Oriente, que sirve de preámbulo a los estudios que conforman el cuaderno. Con base en el análisis del fenómeno del militarismo, los trabajos compendiados nos permiten entender, desde un punto de vista estratégico, las peculiaridades de los procesos sociopolíticos, sumamente intrincados, que caracterizan a Medio Oriente.

Referencias

Börzel, Tanja A. y Risse, Thomas (eds., 2016). The Oxford Handbook of Comparative Regionalism. Oxford: Oxford University Press.

Brennan, Louis y Murray Philomena (eds., 2015). New York: Routledge. Drivers of Integration and Regionalism in Europe and Asia. Comparative perspectives.

Buzan, Barry y Waever, Ole (2003). Regions and Powers. The Structure of International Security. Cambridge: Cambridge University Press.

Cerny, Philip G. (2010). Rethinking World Politics. Oxford: Oxford University Press.

Holzer, Boris; Kastner, Fátima y Werron Tobias (eds., 2015). From Globalization to World Society. Neoinstitutional and Systems-Theoretical Perspectives. New York: Routledge.

Hurrel, Andrew (2009). On Global Order. Power, Values, and the Constitution of International Society. Oxford: Oxford University Press.

Söderbaum, Fredrik (2016). Rethinking Regionalism. New York: Palgrave Macmillan.

Solingen, Etel (2015). Comparative Regionalism. Economics and Security. New York: Routledge.

Medio Oriente, un panorama complejo

Marlene Hernández Morán

El Medio Oriente contemporáneo ha sido escenario de procesos sociopolíticos como consecuencia de la convergencia de sucesos locales, regionales y globales. A diez años del inicio de las revueltas populares en la región, cada país ha tenido desenlaces distintos a los que se les suman otros acontecimientos más recientes.

Actualmente nos enfrentamos a una emergencia sanitaria global causada por el COVID-19, la cual ha profundizado situaciones de pobreza, desempleo, desigualdad y violencia, entre otras problemáticas que ya venían desarrollándose. En la región de Medio Oriente, las dificultades que ha atravesado su población durante los últimos años se pueden resumir de la siguiente manera:

La pobreza, desigualdad y desempleo se han agudizado en mayor o menor medida en los países de la región que, de acuerdo con información del Banco Mundial, poseen tasas de desempleo en 2019 de entre 10% y 15% en Argelia, Jordania, Iraq, Irán, Yemen y Turquía. Los números son preocupantes en Túnez (16%), Libia (18.5%), Sudán (16.5%) y Cisjordania y la Franja de Gaza en Palestina (26.1%). Aunque en 2019 Líbano mantuvo una tasa de desempleo de 6.2%, este se encuentra sumido en crisis económica y financiera culminantes evidenciadas en una tasa de inflación interanual de 112.4% en julio de este año (Reuters, 2020), lo que amenaza la seguridad alimentaria del país y ha desembocado también en una crisis política.

Otro de los problemas que enfrentan diversos países de Oriente Medio es la inestabilidad política derivada de gobiernos corruptos que, en lugar de implementar políticas para aminorar los problemas en materia económica, realizan acuerdos y transacciones que benefician únicamente a las élites políticas, económicas y militares. Ello ha tenido como consecuencia constantes manifestaciones sociales que exigen la dimisión de políticos de sus cargos, pero también piden un cambio político estructural que les permita participar en los procesos de toma de decisiones con el fin de beneficiar a la mayoría. Sin embargo, las respuestas de los gobiernos han sido violentas, tomando acciones represivas en contra de cualquier sector poblacional que participe en estos movimientos. Esto no lleva más que a la pérdida de legitimidad de las instituciones gubernamentales. Casos como Iraq, Irán, Líbano, Libia, Marruecos, Sudán, Egipto e incluso Israel son prueba fehaciente del rechazo de la población a la actividad de las clases gobernantes. El sectarismo político ha sido un factor que también ha tenido implicaciones negativas en la política interna de países como Líbano, Iraq, Siria y Turquía, pero también en sus sociedades al exacerbar las divisiones y la intolerancia, generando hostilidades.

No hay que olvidar el estado crítico en que se encuentran países que han experimentado ambientes belicosos tanto en los últimos años (Siria, Yemen y Libia) como el desarrollado durante décadas como es Palestina, país ocupado por Israel desde 1948. Estos Estados confrontan múltiples crisis: económica, en tanto los estragos de las guerras y la presencia militar limita las actividades productivas con la falta de infraestructura, y el control de áreas para desarrollar estas actividades; política, por la falta de instituciones eficientes y gobiernos democráticos; alimentaria, por la necesidad de importar los alimentos y productos primarios para la población a causa de un sector agropecuario amenazado o relegado de programas de apoyo gubernamentales.

En cuanto a Palestina, se vislumbra cada vez más como una causa perdida, al contar el gobierno israelí con el apoyo estadounidense para extender y declarar legales los asentamientos judíos, así como para imponer una anexión de Cisjordania con la intención de socavar a la población palestina que ahí habita. Ello acompañado del intento de normalización de las relaciones entre Israel y los Estados de la región, patrocinada durante el mandato de Donald Trump, siendo los ejemplos más recientes el de Emiratos Árabes Unidos y Bahréin (Reuters, 11 de septiembre, 2020). Tales logros para Israel se traducen en el empeoramiento de las condiciones de la población palestina.

También se figuran prometedores proyectos de innovación tecnológica y diversificación económica en países del Golfo Pérsico, al tiempo que se violan derechos humanos de las y los ciudadanos y de personas inmigrantes que laboran en esos países. En estos territorios, la desigualdad económica y social es exponencial, pero además es invisibilizada por los medios oficiales, mostrando estos países al mundo como naciones modernizadas al estilo occidental. Además de ello, Arabia Saudí interviene militarmente en Yemen para asegurar el libre tránsito en el estrecho Bab al-Mandeb y en el Mar Rojo (Heath, 14 de febrero, 2020) y así continuar con el proyecto NEOM como parte de la Agenda 2030.

Otro problema que han enfrentado históricamente las sociedades de Medio Oriente es la intervención de actores extranjeros que realizan acuerdos, apoyan decisiones y emprenden acciones con motivos e intereses propios totalmente ajenos al bienestar y a la justicia social en la región.

Es imprescindible reconocer que en la mayoría de las situaciones presentadas párrafos antes, y que merecen un análisis exhaustivo para no caer en generalizaciones, las fuerzas militares y paramilitares han tenido presencia y agencia tanto de manera directa como indirecta. Son actores que, de acuerdo con las condiciones específicas de los Estados de la región, han actuado con el fin de alcanzar sus intereses y prolongar sus beneficios. Para ello, se han inmiscuido en diferentes esferas que les permiten incidir en la toma de decisiones, primordialmente en el ámbito económico y en las estructuras gubernamentales, es decir, han militarizado estos espacios.

Por otro lado, el militarismo es un factor en Medio Oriente que ha sido crucial en los acontecimientos y procesos sociopolíticos históricos y recientes al legitimar la intromisión de fuerzas militares en ámbitos civiles. Pero este fenómeno no es exclusivo de las fuerzas armadas de la región; no se deben desatender las consecuencias del militarismo de las potencias extranjeras para la zona.

Por una parte, el militarismo, más que una estrategia, es una ideología que normaliza el dominio de determinadas fuerzas militares sobre las demás esferas públicas e incluso privadas (Skjelsbaek, 1979: 218). Este fenómeno parte del supuesto de que la seguridad de un Estado puede alcanzarse mediante la actividad e intromisión de las fuerzas armadas en los campos civiles, ya sea únicamente internas o con la presencia de actores militares extranjeros. En este sentido, y de acuerdo con Barry Buzan, toda acción es vista como una estrategia, haya o no un conflicto propiamente bélico.

Por otra parte, la militarización de un Estado o una región ocurre cuando los actores militares tienen agencia sobre ámbitos civiles, como el económico y político (Skjelsbaek, 1979: 224). Las esferas más importantes son controladas por estos actores y, con ello, aseguran su permanencia en posiciones privilegiadas, o bien atienden los intereses que persiguen terceros agentes que financian a determinados grupos o ejércitos.

En Medio Oriente se han desarrollado dinámicas particulares, generadas a partir de una afluencia de actores locales, nacionales, regionales e internacionales, bajo condiciones específicas. Por ejemplo, en Estados como Siria, Palestina y Yemen, la influencia militar no es exclusiva de fuerzas o grupos armados internos, sino que ha habido injerencia de figuras externas motivadas por objetivos diferentes a los de los actores protagonistas. Sin embargo, no todas mantienen un monopolio sobre cada una de las esferas estratégicas. De ahí radica la permanencia o no de un grupo militar o paramilitar.

Es preciso dedicar espacios al análisis del militarismo de manera especializada tomando en cuenta la complejidad de la sociedad actual en Medio Oriente y la convergencia de interacciones globales que tienen repercusiones locales y viceversa. Resulta relevante mostrar el porcentaje del gasto militar en el PIB de algunos países de la región para dar cuenta de que la esfera militar es sustancial para la comprensión de los procesos regionales. De acuerdo con datos del Banco Mundial, Arabia Saudí dedicó el 8.8 % de su PIB en gasto militar en 2018, Egipto 1.2%, Israel 4.3%, Líbano 5%, Jordania 4.7%, Argelia 5.3%, Siria 4.1% (2010) y Libia el 15.5% en 2014.

En esta región, los fenómenos del militarismo y militarización dependen en gran medida de diversos acuerdos y alianzas en materia militar entre fuerzas locales y actores estatales principalmente occidentales, que se han traducido en la importación de armamento y equipo de inteligencia, así como en la cooperación en este ámbito y la intervención directa extranjera apoyando a un bando o grupo e incluso a más de uno en diferentes espacios, conformando los CSR.

El militarismo y la militarización también pueden asociarse con el autoritarismo, en tanto supone la concentración del poder en determinadas élites, en este caso la militar o con su colaboración. En diversos regímenes autoritarios de Medio Oriente, la coerción y el ejercicio del poder militar son la base para el control de las sociedades y, por tanto, para perpetuar su dominio, como los casos de Egipto, Libia, Irán, Arabia Saudí y Sudán, entre otros, que no permiten un verdadero cambio político en las estructuras de poder, dando razón al título del presente Cuaderno.

En otros casos, como el de Turquía, el ejército ha llevado a cabo cuatro irrupciones militares: en 1945, 1960, 1971 y 1980. Estas intervenciones fueron justificadas y desarrolladas como eventos necesarios para legitimar transiciones democráticas en las que el ejército no ha permanecido en el poder, sino que se ha retirado voluntariamente para dar paso al establecimiento de gobiernos civiles. Sin embargo, es evidente el poder ejercido por la clase militar sobre la clase gobernante. Estas dinámicas son similares a lo que se conoce como pretorianismo, donde las fuerzas armadas son independientes de la clase gobernante y aun con ello tienen una elevada influencia política (Haro, septiembre, 2015: 12).

Finalmente, el militarismo, en confluencia con otras condiciones sociales y políticas, ha impedido la democratización de la región, cuestión determinante para la vida de la población y que es una de las causas por las que las manifestaciones y movimientos sociales no cesan en diferentes países de Medio Oriente, desde diciembre de 2010. Es importante señalar que estas circunstancias se gestaron desde la dominación colonial directa e indirecta que ejercieron las potencias occidentales en esta parte del mundo, pues fueron estas quienes coadyuvaron con la militarización de puntos geoestratégicos y de sectores económicos relevantes en los últimos años de existencia del Imperio Otomano y posterior a ello, con la creación de nuevos Estados. Sin embargo, para evitar sucumbir en universalismos equívocos, es necesario examinar casos concretos y así detectar características del militarismo, su desarrollo, interacciones y circunstancias actuales de este en la región de estudio.

Los textos en este cuaderno presentan casos de estudio en los cuales es posible encontrar diferencias y similitudes del comportamiento de las fuerzas armadas en contextos donde el militarismo predomina: Palestina, Egipto y Sudán. Son Estados cuyas sociedades han padecido la represión militar (en Palestina, proveniente de las Fuerzas de Defensa de Israel), además de no poder arribar a un cambio político democrático. Estos análisis son aproximaciones bien elaboradas que permiten dar cuenta de la diversidad de situaciones de un mismo fenómeno en una región que, aunque comparte elementos sociales, políticos y culturales, es plural y multifacética.

Referencias

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Banco Mundial (2021). Gasto militar (% del PIB). Consulta, 15 de febrero, 2021: https://datos.bancomundial.org/indicator/MS.MiL.XpND.GD.ZS.

Garduño, Moisés; Isla, Jaime, y Sierra, María de Lourdes (coords., 2018). Temas contem-poráneos de Medio Oriente. Ensayos en honor a Luis Mesa Delmonte. Ciudad de México: El Colegio de México, Universidad Nacional Autónoma de México, Ediciones La Biblioteca.

Haro, Eduardo (septiembre, 2015). Fuerzas Armadas, pretorianismo y calidad de la democracia: análisis comparado Ecuador-Uruguay. Tesis para obtener el título de Doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Andinos. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Sede Ecuador.

Heath, Nathan (14 de febrero, 2020). Is Foreign Investment in Saudi Arabia’s Megacities Crumbling? En The Fares Center for Eastern Mediterranean Studies. Consulta: 13 de septiembre, 2020: https://sites.tufts.edu/farescenter/is-foreign-investment-in-saudi-arabias-megacities-crumbling/.

Kalinina, Natalia (17 de diciembre, 2013). Militarization of the Middle East: Dynamics and Risks (Article I). En Security Index: A Russian Journal on International Security, 4, vol. 19, 21-35.

Reuters (11 de septiembre, 2020). Bahrain follows Emirates in normalizing ties with Israel. Consulta, 10 de septiembre, 2020: https://www.reuters.com/article/us-israel-bahrain-usa-idUSKBN26226T.

Skjelsbaek, Kjell (1979). Militarism, its Dimensions and Corollaries: An Attempt at Conceptual Clarification. Journal of Peace Research, 3, vol. XVI.

Militarismo en el Mundo Árabe:
el caso de Egipto

María Elena Díaz de la Cruz

Las fuerzas armadas en el siglo XXI representan la máxima expresión de poder en un Estado, y estas pueden ser utilizadas tanto para hacer la guerra contra otros Estados, como para reprimir a su propia población. Las acciones de los ejércitos, en Medio Oriente en general, han demostrado que resultan decisivas para mantener o derrocar regímenes.

El militarismo se presenta como un tema medular de las Relaciones Internacionales, sobre todo, en una región donde la guerra y la violencia han estado presentes, casi permanentemente. Por lo anterior, uno de los temas que merecen particular atención a la hora de analizar la situación en los Estados árabes es el comportamiento diverso que ha tenido el militarismo y las estructuras de seguridad en estos Estados.

El tema del militarismo y el papel que desempeña en Medio Oriente es importante para nuestra disciplina, en virtud de que si el actual sistema internacional pretende alcanzar una recomposición de manera pacífica, no se debería correr el riesgo de seguir prolongando indefinidamente una situación tan inestable como la que se vive en esta región.

Pocas partes del mundo han sido tan severamente golpeadas por el conflicto y la guerra como Medio Oriente. De hecho, es una de las zonas donde ha sido más claro el aumento de los gastos militares y la transferencia de armas.

La visión de la región más persistente y general que se tiene es de una zona de conflicto y guerra permanente. Incluso para la mayoría de los especialistas, la región representa la ilustración más aproximada del estado de naturaleza descrito por Thomas Hobbes en su célebre Leviatán, en el que prevalece la anarquía, el encono y la lucha por el poder (Isla, 2018: 22).

Los lazos entre los ejércitos regionales y los gobiernos que imponen el orden mundial en Medio Oriente han servido a nivel sistémico para mantener los intereses del proyecto globalizador neoliberal, mientras que a nivel regional se traduce en el beneficio de las élites políticas y económicas estatales. Reforzando esta perspectiva, sobresalen los recursos financieros que se destinan al gasto militar, que ha corroído literalmente y de manera permanente gran parte de los presupuestos estatales.

Como señala Mesa Delmonte (2013: 7), históricamente las estructuras militares en esta región han servido para sostener cúpulas de poder, participar en guerras y efectuar golpes de Estado. Actualmente, los ejércitos muestran diversas estructuraciones; por ejemplo, para el caso de Egipto se menciona que los militares han tenido acceso a importantes actividades económicas lucrativas.

En este mismo sentido, como también lo señala Mesa Delmonte (2013: 12), frente a las protestas populares de 2011 que siguieron a las tunecinas, los militares optaron por la no represión y por mostrarse como parte del pueblo y salvadores de la nación. Esta decisión derivó de los cálculos propios que hizo esta fuerte institución (numéricamente muy importante, con prestigio histórico por su desempeño en las guerras, y con la inserción notable en determinadas actividades económicas), y que llevó a sacrificar la figura del presidente Mubarak y sus planes de traspasar el poder a uno de sus hijos, en detrimento del sector militar.

El objetivo de este trabajo es enunciar una definición del militarismo para el Mundo Árabe y las condiciones que guarda de la cual partir para llevar a cabo el estudio de un caso particular que es el de Egipto, resaltando sus características particulares y sus formas de autoridad política; lo anterior ayudará a explicar cómo se dan las relaciones entre el régimen y las fuerzas armadas que permitirá entender también la interacción del fenómeno de la militarización y la organización de la sociedad árabe en el marco del orden mundial.

Particularizar este funcionamiento en el caso mencionado permitirá estudiar como instrumento de poder y actor fundamental al ejército en los procesos políticos y económicos y en las transformaciones estructurales de este país, actuación que ha sido cambiante en los diferentes contextos, y que ha dejado en claro que su motivación está más centrada por conservar los intereses de su élite que por responder a las demandas de los movimientos populares.

El Estado y la sociedad árabe

Para definir a los Estados árabes, se puede decir que, en mayor o menor medida, sus sociedades se encuentran entre aquellas que han estado condicionadas externa e internamente a un largo periodo de estancamiento histórico. Este estancamiento se ha extendido hasta épocas relativamente recientes. En estas sociedades, la inercia de estructuras e instituciones arcaicas es muy profunda, precisamente porque, por un lado, estas han permanecido intactas durante muchas centurias y, por otro, su transformación comenzó hasta la segunda mitad del siglo pasado; en gran medida, esta transición ha resultado muy limitada y superficial (Isla, 2012: 10).

La sociedad árabe es un conglomerado histórico que tiene raíces que los une y nos permite hablar de un conjunto de Estados; sin embargo, carece de un sistema político homogéneo y unificado. Es, en general, una sociedad en transición que vive una profunda lucha entre la tradición y la modernidad, entre las fuerzas de división y las de unificación, entre la clase gobernante y sus élites que dominan y los dominados y empobrecidos.

De acuerdo con Achcar (2016: 7), la preponderancia en el Mundo Árabe de Estados patrimonialistas o neopatrimonialistas sumamente arraigados en las estructuras socioeconómicas, y la existencia de poderosos movimientos políticos islámicos fundamentalistas enquistados en la cultura política transregional, son factores políticos cualitativos regionales de la peculiar conformación histórica de los Estados árabes en los que las estructuras arcaicas existentes se fueron combinando y fusionando con el modelo económico y político impuesto desde el orden mundial capitalista.

Especificar y comparar los distintos Estados que componen el Mundo Árabe, como lo señala Ferrán Izquierdo (2009: 17), permite apreciar que, a pesar de la imagen de homogeneidad que ofrece en ocasiones, la multiplicidad de modelos y la heterogeneidad de los regímenes es una realidad. Aun así, asimismo, también podemos observar algunas estrategias comunes en las élites para asegurar su permanencia en el poder.

Como se ha mencionado, la inestabilidad ha sido durante mucho tiempo la característica que más resalta a la hora de definir a los Estados árabes. En este sentido, es importante señalar que este enfoque centrado en cómo se da la formación del Estado y de su relación con las fuerzas armadas, permite conceptualizar a los militares como un grupo dinámico basado en clases con intereses que cambian con el tiempo. Como consecuencia, los militares buscan también nuevas formas de asegurar esos intereses ya sea en competencia o en colaboración con otras facciones de la clase gobernante, como se verá en el caso de Egipto.

Lo anterior está orientado a desarrollar un enfoque que ubica a los militares en el contexto más amplio de la formación del Estado, proceso que ha sido condicionado tanto por factores internos como externos y por sus relaciones con otras clases, lo que ha impedido que se trate a los militares simplemente como parte de una clase o como complemento del llamado Estado profundo (Joya, 2018: 4).

François Daguzan (2014: 70) ha propuesto cuatro modelos que pueden ayudarnos a comprender la relación entre Estados y fuerzas armadas, los cuales no son exclusivos uno del otro, pues, como se ha mencionado, las fuerzas armadas resultan ser adaptables a los diferentes contextos.

En el Mundo Árabe, los Estados, dependiendo del contexto en que se analicen, han presentado una o varias de las características de los siguientes modelos, es decir, que a menudo se conjugan elementos como: débil empoderamiento de las instituciones, privatización del Estado, clientelismo y el recurso de recurrir a una imagen paternalista de la relación política.

Modelo de Compra de lealtad: se caracteriza por enriquecer o favorecer a círculos cercanos familiares. Las fuerzas armadas son un actor económico. Ejemplos de este modelo: Siria, Libia, Argelia, Marruecos y Egipto.

Modelo Clánico: aquí los lazos familiares son utilizados para garantizar la lealtad. Las fuerzas armadas están bajo el control de la familia o grupos dirigentes cercanos al régimen bajo una forma tribal. Ejemplos: Siria, Libia, Yemen, Arabia Saudí e Iraq.

Modelo Neopatrimonial: teóricamente, todas las fuerzas armadas están en manos del rey, pero en realidad se encuentran en manos de varios miembros de la familia real más oligárquicos que la monarquía absoluta. Ejemplos: Jordania, Marruecos, monarquías del Golfo y Arabia Saudí.

Modelo Subordinado o Marginal: el principio de subordinación de este modelo está vinculado al surgimiento de una figura dictatorial que se impone al grupo del que provino. A menudo, detrás de un discurso de exaltación marcial las fuerzas armadas se encuentran mal equipadas y marginalizadas. La mejor parte en cuanto a equipamiento se destina a las unidades de protección del régimen (gendarmería, guardia republicana y fuerzas especiales, entre otros). Ejemplos: Túnez, Siria y Líbano.

El hecho de que tanto los ejércitos como las estructuras policiales y de seguridad interna hayan compartido tradicionalmente una «cultura militarista» ha propiciado más la tendencia a la represión y la acción violenta que al desarrollo de una nueva cultura de derechos humanos y civiles dentro de estos órganos (Mesa, 2013: 7).

Los altos niveles de gastos en defensa en toda la región generan rentas para los militares, lo que ayuda a la mayoría de los gobiernos de la región a asegurar la lealtad de esta élite, a la vez que sirven como una gran fuente de protección para los mismos regímenes. Asimismo, en algunos países, como Egipto, el ejército se encuentra entre los más grandes empleadores, y Medio Oriente se destaca como la región con el mayor porcentaje de su fuerza de trabajo empleada por el ejército.

Cook (2007) ha conceptualizado el estamento militar como aquel que posee el poder, pero no la autoridad. A partir de este punto de vista, se puede explicar que la relación Estado-ejército es dependiente, sobre todo para el Estado que utiliza a las fuerzas armadas según sus intereses para aliarse con el orden mundial. La relevancia de estas estructuras es obvia, en la medida en que son esenciales para mantener la continuidad o no de los regímenes establecidos, mediante su doble función: acciones represivas internas y su enfrentamiento a factores externos.

Lo anterior ha tenido como consecuencia que los Estados se encuentren controlados en gran medida por grupos pertenecientes a las élites militares, como es el caso de Egipto. Esta influencia militar se ha hecho evidente en la cultura política de muchos de los Estados de la región, en donde el «poderío militar» resulta desmedido y en donde irremediablemente, si se quiere una liberación y un cambio social profundo, se deben hacer cambios estructurales sobre el poder que ejerce la élite militar.

Una definición de militarismo para el Mundo Árabe

El Mundo Árabe es una de las regiones más militarizadas del mundo y ello responde a factores tanto internos como regionales e internacionales que han sido determinantes para que cada vez sea más difícil pensar en una desmilitarización y, por tanto, en una pacificación en la región. Entre los factores internos, se pueden mencionar, por ejemplo, la frágil democracia y el debilitamiento del aparato estatal. Como factor externo, sin duda, la constante injerencia extranjera en forma de «alianzas» o «cooperación internacional» que han provocado que los regímenes internos respondan a los intereses extranjeros a cambio de la permanencia en el poder.

La mayoría de los estudios que se han ocupado del militarismo han empezado por destacar su carácter difuso, variado y multidimensional, lo que siempre ha complicado una definición genérica. Y es que se trata de un concepto de largo aliento, atravesado por la historia. Un recorrido por sus acepciones –desde su acuñación en el siglo XIX» es un viraje por la historia, a través de las diversas realidades que han ido enriqueciendo su significado con el paso del tiempo (Hernández, 2003: 11).

Tanto el socialista Louis Blanc como el anarquista Pierre Joseph Proudhon (Hernández, 2003: 12) fueron dos de los primeros teóricos en utilizarlo. Para ambos, esta palabra significaba, a mediados del siglo XIX, la amenaza de los gobiernos autoritarios que recurrían al ejército no solo para defenderse o atacar a un enemigo exterior, sino para protegerse y reprimir al enemigo interior. La institución militar servía de esta forma tanto para neutralizar en sus orígenes a la fuerza interior opositora –a través del reclutamiento– como para combatirla directamente.

El militarismo en los Estados árabes puede entenderse como el elemento más común en la permanencia y la estabilidad de regímenes autoritarios. Los militares y el suministro de material armamentista con que cuentan los ejércitos en esta región es el criterio que resulta más obvio para cuantificar el militarismo; además, es el elemento con que los Estados demuestran de forma tangible su poder para proteger al régimen. Sin embargo, la intromisión y control militar en los asuntos del Estado, aunque son menos aparentes, también juegan un papel decisivo en el mantenimiento de los regímenes.

Se puede apreciar que, a pesar de que el militarismo puede ser un concepto muy variable, en los Estados árabes el lugar que ha ocupado se ha debido a factores particulares en cada uno de ellos como su historia, el perfil estratégico, el peso que cada régimen le ha dado a sus fuerzas armadas y el papel tanto interno como externo que logra ejercer. Por tanto, en esta región el militarismo ha funcionado más allá de una ideología y se ha apoderado de áreas en la vida de la sociedad que van desde la política hasta la economía.

Es decir, existe variabilidad en su importancia en cada caso, pero se puede afirmar que, en esta región, la institución militar no es un actor de poca importancia, ya que ha ido cooptando sectores estratégicos como los servicios y la economía a lo largo del tiempo, lo que ha permitido que su papel en la región se vea consolidado.

Con lo anterior, se fortalece la hipótesis de que el militarismo en el Mundo Árabe es un actor vertebral que evoluciona constantemente dentro de una estructura arcaica y los mismos regímenes son cada vez más dependientes de este sistema militar, que en algunas sociedades árabes se caracteriza por ser una élite que lucha por sus propios intereses económicos, sociales y políticos.

Generalmente, en el Mundo Árabe las fuerzas armadas han tenido un papel principal en los procesos de cambio de régimen –incluso, en la continuación o constitución de uno totalmente nuevo. Este papel más activo de las fuerzas armadas se destacó después de la Segunda Guerra Mundial que trajo consigo una nueva reconfiguración de Medio Oriente.

[…] las acciones de los ejércitos han resultado decisivas para asegurar transiciones políticas y estructurales o para apoyar la continuidad de estructuras conservadoras. Sin duda, estos ejércitos, con la posible excepción del libanés, han resultado históricamente lo suficientemente poderosos para incidir en cualquier cambio político en sus países (Isla, 2018: 255).

Como se sabe, históricamente los Estados árabes tuvieron procesos de independencia controlada; es decir, las potencias coloniales les fueron otorgando la soberanía de manera paulatina, manteniendo el control de ciertos sectores de la administración, lo que resultó en estructuras estatales incompletas, débiles y con carencia de personal capacitado para manejar los asuntos del Estado, que en muchos casos fueron ocupados parcial o totalmente por los militares; es lo que se puede denominar un militarismo estructural.

De esta manera, se generó una evolución del papel que ha jugado el militarismo en la región y que puede explicarse en tres etapas, que van de la descolonización hasta después de los movimientos populares de 2011.

El primer periodo se puede clasificar después de la descolonización de 1950 hasta 1970, donde las fuerzas armadas tuvieron como principal objetivo la modernización acelerada de la sociedad. Es decir, tomar el poder y generar cambios en la restructuración social de forma institucional y permanente. Esta etapa se caracterizó por los golpes de Estado y la llegada y toma del control de los militares; de esta manera, las fuerzas armadas fueron percibidas como la opción para la construcción del Estado.

El segundo periodo se identifica por la consolidación de la influencia y por la concentración de riqueza del sector militar. Es decir, de una u otra forma, las fuerzas armadas ya se habían insertado en las estructuras de poder. Probablemente, este periodo sea el más extenso para describir el objetivo del sector militar que va de finales de la década de los setenta a los movimientos populares de 2011.

Y el tercer periodo, que se forma justo después de las revueltas populares de 2011 hasta la actualidad, que se caracteriza por un robustecimiento político de las instituciones militares y el afianzamiento del militarismo en la región.

Como se aprecia, en cualquier momento de la historia desde las independencias hasta el momento actual, los Estados árabes han presenciado la omnipresencia del militarismo, aunque, por ejemplo, su papel fue de resistencia contra la ocupación y su legitimidad derivó de su participación en guerras por la liberación y en contra de las autoridades coloniales; su dinamismo histórico convirtió a las fuerzas armadas en un genuino apoyo de algunos regímenes políticos árabes.

La institucionalización del ejército en Egipto

En los periodos en que se desarrolló y afianzó el militarismo en Egipto, se debe entender que existió también una transformación del mismo ejército. Si bien se ha planteado que siendo el Mundo Árabe una región tan dinámica, uno de los elementos constantes en su historia desde sus independencias han sido sus fuerzas armadas, pero esto no significa que estas hayan permanecido inalteradas o que su esencia no se haya transformado. En el caso de Egipto, el ejército evolucionó hacia una institucionalización, entendida como el abandono de su carácter de lucha y protección, para transformarse en un cuerpo garante del régimen y del sistema constituido.

La guerra de 1948 contribuyó al desarrollo de la organización de los Oficiales Libres, formada por egipcios procedentes de la burguesía rural y la burocracia que, desvinculados de la clase dominante a la que consideraban incapaz de dotar al país de un ejército moderno y eficaz, fueron desarrollándose hasta convertirse en un grupo capaz de tomar el poder (Vatikiotis, 1978: 37). La llegada de los Oficiales Libres al poder en Egipto en 1952 marcó un antes y un después del estamento militar. Antes de 1952, en la década de los treinta del siglo XX, como lo señala Abdel Malek (1967: 64), jóvenes provenientes de la clase media empezaron a tener acceso a la academia militar; antes de esa fecha, el ejército era un feudo de las familias acaudaladas. A partir de ese momento, el ejército fungiría como un actor central en el escenario político de Egipto.

La egipcianidad de los Oficiales Libres fue una de las principales causas del éxito inicial de la revolución de 1952, además de convertirse en fuente de su legitimación ante la inminente crisis política y económica que sacudía el inicio de la década de los cincuenta. El ejército era el único cuerpo social cuya credibilidad aún no había sido puesta a prueba y gozaba de un gran caudal de confianza para llevar a cabo la modernización económica del país y la reorganización del Estado (González del Miño, 2017: 22).

Respecto al periodo del militarismo en Egipto, que va desde la caída de la monarquía en 1952 hasta 1970 con la muerte de Nasser, se puede sintetizar en un fuerte autoritarismo militar y una legitimación basada en la eficiencia militar para la liberalización y modernización de la nación.

Algunos analistas consideran que acontecimientos como la derrota en la Guerra de los Seis Días de 1967 y la pérdida de la península del Sinaí no pesaron demasiado en la imagen del ejército.

Sin embargo, dicha derrota sí restó credibilidad al régimen y a las fuerzas armadas en cuanto a su capacidad para defender el territorio.

[…] supuso un golpe mortal que llevó a la búsqueda de una nueva ideología, además de la inmersión no solo de Egipto sino de todo el Mundo Árabe de la región en una especie de crisis de identidad, donde la sociedad en gran medida se buscó la respuesta en el Islam (González, 2017: 29).

Otro factor que aceleró esta transformación ideológica fue la muerte de Nasser, que en 1970 significó un duro golpe para los pilares ideológicos asentados en el laicismo y autoritarismo militar. La muerte de este dirigente dio paso a una nueva etapa caracterizada por la llamada desnasserización, donde el papel del estamento militar sufrió cambios importantes.

En el periodo de la presidencia de Sadat se dio un afianzamiento del ejército. Esta segunda etapa del militarismo en la región abarcó de 1970 a 2011. Durante el transcurso de esta etapa, el papel del estamento militar se caracterizó por la consolidación de su influencia y su participación en el sector económico.

En este sentido, en el periodo que corresponde al tutelado por Anwar el-Sadat se llevó a cabo la llamada desnasserización del ejército, lo que significó la sustitución del estamento militar por elementos policiales para el control interno del país. En su presidencia de 1970 a 1981, el estamento militar presentó un desgaste y pérdida en algunas de sus esferas del poder político; esta llamada desnasserización redireccionó al ejército hacia el sector económico y esta élite se empezó a fortalecer desde ese ámbito.

Su mandato se caracterizó por un cambio profundo de las estructuras de poder estatales en un marco de realineamiento exterior con Estados Unidos. Para que esa alianza fuese posible, Sadat sabía que en los años sucesivos debía liberalizar la economía, desmantelar al partido único, así como llegar a un acuerdo de paz con Israel (González, 2017: 30). Todos estos cambios, incluyendo los del ejército, estuvieron en el marco de lo que se llamó la Revolución Correctiva, sustentada mediante el referéndum de la Constitución de 1971.

Tres sucesos marcaron en este periodo la transformación del ejército. El primero sería la guerra del Yom Kippur contra Israel en 1973; aquí lo que pretendía Sadat era devolver a las fuerzas armadas el lugar que les correspondía, es decir, el de la guerra. Pero también «Sadat pretendía que la sociedad egipcia viera al ejército como un actor subordinado al poder político» (Amado, 2015: 104).

El segundo suceso, después de la guerra, fue el proceso conocido como la infitah (apertura económica) que inició en 1974 y que consistió en abrir al país a la inversión extranjera, en especial a la estadounidense. Lo anterior benefició a los militares, en el sentido de que en 1978 se estableció el Servicio Nacional de Organización de Proyectos, el cual

[…] sirvió para reorientar el estamento militar hacia la economía real y hacia los negocios. De esta manera, los militares, sobre todo los oficiales de alta graduación y las escalas medias fueron ocupando puestos en diferentes ámbitos de la economía egipcia (Amado, 2015: 104).

El tercer acontecimiento fue la firma de los Acuerdos de Camp David en 1978, que tuvo consecuencias en toda la región, en donde, entre otras cosas, significó el sacrificio del liderazgo de Egipto en el Mundo Árabe y, obviamente, el abandono de objetivos que esto conllevaba. En lo referente al ejército, este fue beneficiado por la ayuda económica estadounidense fijada anualmente que, dicho de paso, no es de menospreciar, pues Egipto es el segundo mayor receptor de apoyo económico y militar estadounidense, después de Israel, y la mayor parte de esta suma ha sido destinada al ejército.

De acuerdo con Amado (2015: 105), cuando Sadat fue asesinado, el poder en Egipto estaba repartido en tres bloques: político-burocrático, el de seguridad y el militar. De esta manera, Sadat había dado más peso e influencia en la política a los dos primeros, mermando el poder del ejército, pero a cambio permitió que los militares tuvieran un peso muy importante en la estructura económica del país.

Se puede apreciar que Sadat pretendió conseguir la aceptación tanto interna como externa, por lo que no pudo marginar al ejército como él lo hubiese deseado en algún momento. El mandatario, preocupado por su imagen al interior de poca popularidad (comparado con Nasser), intentó hacer al aparato político más respetable, sometiendo al ejército a nuevas reglas y marginándolo de la vida política. A cambio, y para seguir asegurando la lealtad de la élite castrense, le dio cabida en la esfera económica, en donde como consecuencia fue convirtiendo al cuerpo militar en el actor vertebral del régimen.

Cuando Hosni Mubarak tomó el poder después del asesinato de Sadat en 1981, pretendió seguir la línea que llevó a cabo su antecesor con la desnasserización; sin embargo, aunque sí se percibe una marginación del ejército en los asuntos políticos, no se trastocaron los intereses de la élite militar, permitiendo que en la economía tuvieran cada vez un peso más importante.

Amado (2015: 105-106) señala tres momentos respecto al papel de los militares que se aprecian durante la época de Mubarak. La primera abarcó de 1981 a 1991, en un contexto de su coalición con Estados Unidos, donde Mubarak, para asegurar la lealtad del estamento militar, asignó un mayor presupuesto, dotando de servicios y prebendas que los convirtió en la clase más privilegiada del país. La segunda etapa fue de 1991 al 2000, caracterizada por el fuerte endeudamiento, debido al fracaso que tuvo el proceso de apertura iniciado con Sadat, por lo que para maquillar por un instante este fracaso se optó por seguir con un fuerte proceso de privatizaciones en donde la élite militar salió beneficiada, pues se encontraba ya posicionada con la élite económica. E esta etapa reinó la política del amiguismo y la corrupción.

Por último, la tercera etapa, que fue de 2000 hasta el derrocamiento de Mubarak en 2011, se definió por la supremacía de políticas neoliberales y privatizadoras. La diferencia radicó en que los beneficiarios ya no fueron los militares directamente, sino una nueva élite civil y económica que no tenía ninguna vinculación con el ejército, cuyo líder fue Gamal Mubarak, hijo del presidente. Para ese momento, el ejército se vio amenazado por la figura del hijo del mandatario, que se perfilaba para llegar al poder. Esto significaba no solo que alguien que no había pertenecido al ejército comandaría la presidencia, sino que una nueva élite se vería beneficiada; los militares estuvieron siempre dispuestos a adaptarse a las circunstancias del régimen, pero no estaban dispuestos a ceder sus privilegios ante la élite económica-liberal.

Mubarak transformó a Egipto en un Estado policial desde la década de los noventa restando todavía más la participación a los militares en las cuestiones de seguridad, sin dejar de asegurar los intereses de la élite militar a través del proceso de aquiescencia. En este sentido, a pesar de la situación cambiante del ejército en el escenario egipcio, «este contexto no causó malestar a los militares, porque durante este periodo [los militares] se consolidaron como una clase privilegiada, situación que le hizo guardar lealtad al régimen» (Abundis y Peña, 2018: 98).

Todo este periodo estuvo caracterizado por la injerencia de Estados Unidos en Egipto, reflejada en la ayuda económica que se le destinaba y la cual prácticamente en su totalidad iba hacia el ejército.

De los 1500 millones de dólares anuales de ayuda norteamericana, 1300 iban a las Fuerzas Armadas año tras año; un cheque en blanco para mantener la difícil estabilidad de la zona o, lo que es lo mismo, a costa de las libertades políticas y sociales (Almodóvar, 2014: 39).

Esto dejó en claro los intereses del orden mundial en la zona, los cuales se centraban en el petróleo, la seguridad de Israel y el ejército egipcio.

Mubarak trató de ser diferente en algunos aspectos respecto al régimen anterior, pero fracasó en este sentido. En realidad, el contexto y el orden mundial dictaron y condicionaron el rumbo de este régimen que se fue transformando, el cual pasó de tratar de dialogar y coexistir con la élite militar y con la oposición hasta dar una fachada de pluralismo político.

Sin embargo,

[…] el nuevo siglo supuso la profundización de políticas económicas neoliberales dictadas por organismos internacionales, especialmente por el Fondo Monetario Internacional (fmi), que ya habían comenzado años atrás y que no fueron privativas de Egipto sino también de otros países de la región (González, 2017: 53).

Esto cambió el rumbo político de Egipto, pues Mubarak, detentando el control sobre los recursos, empezó a concentrar la riqueza mediante una distribución rentista hacia una élite económica que no era lejana al régimen y que se rumoraba sería la sucesora del régimen.

Las reformas y decisiones tomadas por Mubarak tuvieron sus consecuencias, no solo para la élite militar, que sentía amenazados sus intereses, sino para la población en general, en la que día con día aumentaba el número de pobres, mientras la élite comandada por Gamal Mubarak crecía y se inmiscuía más en los sectores estratégicos de la economía. En este sentido, la corrupción y el clientelismo bien pueden definir esta última etapa de régimen de Hosni Mubarak.

El hartazgo de la sociedad que se levantó contra el régimen de Mubarak en 2011 se resume en el deterioro de las condiciones sociales, políticas y económicas que acabó oprimiendo a la población, cuyos cimientos se asentaron en el férreo control del Estado, en un fuerte apoyo político y económico de Estados Unidos, así como el poder económico asegurado por un

[…] sistema clientelista que imponía a los sectores privados estrechas relaciones con el régimen. Al mismo tiempo, los mecanismos clientelistas garantizaban al régimen cierto respaldo social (Hinnebusch, 2003:132). De esta manera, Mubarak y sus aliados fueron capaces de controlar a toda la sociedad egipcia (González, 2017:70).

La frágil democracia, resultado de los movimientos populares de 2011 en Egipto, fue un simple instrumento para que junto con las instituciones autoritarias y el sistema político se desactivara cualquier peligro que desafiara el statu quo, y una vez más se protegiera a los que realmente ejercen el poder: los militares. En este sentido, como lo señala Cook (2007: 2), en Egipto esta relación Estado-ejército se refleja en el patrón patológico en el que los grupos de oposición han sido incluidos o excluidos de la política. Bajo tales circunstancias, se comprobó que la combinación de activismo político y crisis domésticas pudiera poner en marcha una transición a la democracia.

El tercer periodo del militarismo en Egipto comprende desde el derrocamiento de Mubarak en 2011 hasta la etapa que abarca la presidencia de Abdel Fatah al-Sisi. A partir de los movimientos populares que pusieron fin al régimen de Mubarak, los militares respondieron como los únicos capaces de dar respuesta a los desafíos socioeconómicos en el periodo posrevolucionario. La élite militar estaba motivada no solo por el deseo de establecer legitimidad política, sino también por reafirmar su papel como una facción dominante dentro de la clase capitalista (Joya, 2018: 16).

De esta forma, se presentó una oportunidad para los militares que no habían estado muy conformes de haber sido desplazados en el pasado. Durante este tercer periodo del militarismo en Egipto, el ejército participó en dos eventos importantes, uno durante la transición del poder hacia la Hermandad Musulmana representada por Morsi, hasta el golpe de Estado de 2013, en donde se pretendió una cohabitación entre el islamismo y los militares; y otro durante el periodo del nuevo presidente Abdel Fatah al-Sisi, quien reforzó el poder de los militares con la nueva Constitución de 2014.

Por consiguiente, durante e inmediatamente después del movimiento popular que puso fin al mubarakismo, los militares emergieron como un actor neutral con objetivos de restaurar el orden y estabilizar sobre todo la economía. En el periodo de transición que dio paso a un año en el poder a la Hermandad Musulmana, los militares se aseguraron de mantener el control en los procesos políticos para que sus intereses no fueran socavados.

Cuando se derrocó al régimen de Mubarak, parecía muy claro que un cambio se había generado en la vida política de Egipto. Gamal, el hijo de Mubarak, no llegaría al poder y al parecer los militares perdían acción respecto a los cambios que se estaban generando, pero en realidad no fue así. Los militares siempre estuvieron presentes y el pacto de transición de poder hacia la Hermandad Musulmana fue de la mano con la cúpula militar. Fue la Hermandad Musulmana la que no supo respetar dicho pacto, que, entre otras cosas, suponía no mermar la participación del ejército en megaproyectos que afectaban los intereses de la élite militar. De ahí su fracaso.

En el plano regional, es importante señalar que Morsi cometió también el error de reorientar la economía hacia dos actores: Turquía y Qatar, lo que se tradujo en la marginación del papel del principal patrocinador regional de los militares egipcios, es decir, de Arabia Saudí.

A decir verdad, el cambio que se creyó que vendría con el triunfo de unas elecciones presidenciales democráticas y con el respeto y aceptación de los resultados, no se tradujo en un cambio estructural; de hecho, muchos de los proyectos, sobre todo en el sector económico, siguieron en el plano de la esfera neoliberal. La transición del autoritarismo hacia la democracia apareció entonces como una utopía. Morsi, a diferencia de los militares, no supo integrar a los diversos sectores de la escena política y económica de Egipto; empleó reformas y medidas que no solo incomodaron a los militares, sino también a gran parte de la sociedad.

En este sentido, la sociedad reanudó las revueltas, pidiendo la destitución de Morsi, lo que llevó a Morsi a recurrir a la vieja solución de dotar al ejército de más competencias para reprimir cualquier tipo de revueltas en su contra. En consecuencia, el ejército recobró el lugar del cual había sido desplazado, que era su participación en la seguridad interior.

Ante el fracaso de la Hermandad Musulmana, los militares no dejaron ir la oportunidad de presentarse como un símbolo de estabilidad y seguridad ante la sociedad, dando un ultimátum a Morsi para dirimir.

La Junta Militar con Abdel Fatah al-Sisi a la cabeza derrocó a Morsi en 2013. «Con la victoria de al-Sisi se cerró un círculo que para los militares fue virtuoso, colocar a uno de los suyos en el máximo órgano político del país con la intención de recuperar el poder» (Amado, 2015: 115). Este triunfo fue aprobado interna y regionalmente, otros actores como Estados Unidos y algunos países de Europa apoyaron el triunfo del nuevo presidente, quien se presentó con una agenda mucho más autoritaria que sus antecesores.

La llegada de al-Sisi y el reforzamiento de la presencia militar en la escena política y ahora económica en la sociedad egipcia quedó garantizada y mucho más privilegiada con la Constitución de 2014, que evidenció de nuevo el papel tan preponderante que los militares han tenido desde la caída de la monarquía en 1952.

Egipto como un enclave militar en el Mundo Árabe

La modernización[1] fue el paradigma dominante de las ciencias sociales entre las décadas de los cincuenta a setenta. En este periodo, analistas de Medio Oriente plantearon la hipótesis de que los ejércitos relativamente autónomos eran fuerzas progresistas de modernización y democratización. Estos analistas vieron a los militares –compenetrados con la capacidad organizativa, el sentido de la misión y el sentimiento nacionalista– como el instrumento ideal para dirigir el proceso de industrialización, institucionalización y las reformas necesarias para el desarrollo de sociedades modernas (Cook, 2007: 14).

Se creyó que en cuanto los militares cumplieran con sus objetivos, sus aspiraciones políticas llegarían a su fin y abandonarían los prestigiosos puestos de los que se habían hecho. Por una parte, estos militares en los países en desarrollo tuvieron éxito en generar un desempeño económico significativo y ejecutaron programas exitosos de desarrollo de infraestructura nacional. Por otra, sin embargo, las economías dirigidas por el Estado se estancaron y los oficiales se convirtieron en elementos conservadores que se aferraban tenazmente a los regímenes en los que eran (y siguen siendo) los principales beneficiarios.

Estos oficiales, en su mayoría de rango superior, conforman el enclave militar. Representan una reserva de élite, que está, en muchos sentidos, separada de la sociedad en instalaciones exclusivas para militares como escuelas, hospitales, clubes y áreas residenciales (Cook, 2007: 15). En el primer periodo que comenzó en 1952, el ejército egipcio se convirtió en el editor de la modernización, en un país que en un principio giraba en la órbita soviética.

Como en muchos países del Tercer Mundo que carecen de un cuadro civil preparado para los nuevos desafíos de la formación de los Estados, el ejército se estableció rápidamente en todos los sectores de la administración (Daguzan, 2014: 134). En general, este tipo de Estados, que se les puede denominar enclaves militares, se caracterizan como aquellos Estados que están dominados por militares; los oficiales de este tipo de Estados junto con sus aliados civiles crean estratégicamente sistemas políticos que los benefician a expensas del resto de la sociedad.

Así, por ejemplo, en la época de Nasser el ejército fue visto como aquel cuerpo que encarnó los valores de Egipto,

[…] en la mente de los ciudadanos no cabe la idea de que el ejército sea un cuerpo pretoriano, sino el garante del nuevo Egipto en marcha. Es por esto, que se les permitió adquirir una cantidad considerable de armamento y se les consideró como la élite de la nación (Daguzan, 2014: 135).

Esta primera etapa de afianzamiento del ejército durante el periodo de Nasser estuvo en definitiva caracterizada por el papel que tuvieron los militares en liderar al país desde su influencia en la política. Nasser reforzó este papel permitiendo que la élite militar llegara a las más altas esferas del poder político en Egipto. Este nuevo sistema político nasserista tuvo su respaldo en la nueva Constitución de 1956, que dio paso a la nueva República de Egipto.

Durante la segunda etapa del militarismo en Egipto con Anwar el-Sadat, se pudo apreciar otra característica de estos enclaves militares donde el mandatario consintió el desarrollo de instituciones políticas que permitieron la aparición de un pseudo pluralismo político. Lógicamente, este pluralismo se desarrolló bajo supervisión de los militares al incorporar al mismo tiempo mecanismos de control y vigilancia para mantener el orden político. De esta manera,

[…] Sadat transformó de forma gradual el sistema de partido único instaurado en Egipto desde 1953 a través del desmembramiento progresivo de la Unión Socialista Árabe, partido en el que nunca confió, en pro de un nuevo pluralismo que representaba la imagen democratizadora hacia el exterior pero que no suponía un proceso de apertura social (González del Miño, 2017: 33).

Durante este segundo periodo, Egipto luchó por pertenecer y adaptarse al nuevo orden mundial que surgió con la imposición del neoliberalismo, consolidado con el proceso de liberalización económica, conocido como la infitah («apertura»), y en 1978 con la firma de los acuerdos de Camp David, donde se fortaleció su acercamiento con Estados Unidos y se llevó un a cabo un intento de apartar a los militares del poder político.

Todo este proceso de reformas, firmas de acuerdos, acercamiento hacia el nuevo orden mundial, lo llevó a cabo Egipto bajo la fachada de instituciones democráticas y estructuras representativas, entre otras cosas, para caracterizar su sistema político. Sin embargo, en los periodos de crisis la élite militar tendía a despojarse de esta fachada revelando la esencia autoritaria y reforzando el poder político militar existente.

También en este mismo periodo de afianzamiento en la economía, los militares en Egipto, bajo la presidencia de Hosni Mubarak, además de que se acentuaron las características descritas de este enclave militar, se comprobó que esta élite representaba a varios sectores de la sociedad ocupando posiciones políticas de diferentes categorías, con lo que reforzaron las conexiones basadas en lazos familiares que siguieron, siendo una característica importante en el aparato de poder egipcio.

Igualmente, bajo la presidencia de Mubarak se pudo apreciar un esfuerzo por marginar al ejército aún más que con Sadat; sin embargo, los militares vieron crecer su influencia ahora en ambas esferas, la política y la económica. Este proceso sucedió desde el inicio de su mandato en 1981 hasta la década de los noventa, convirtiendo a la élite militar en lo que Springborg (1987) califica como «un enclave casi completamente autónomo de clase media, en una economía de Tercer Mundo cada vez más empobrecida y marginada».

Durante esta década de 1980 a 1990 el ejército se consideró como uno de los actores dominantes en la esfera económica, reconocido como un socio importante, por lo que cualquier intento de pretender marginar a los militares o hacer de ellos un cuerpo subordinado resultó más complicado. Dicha consolidación en la economía fue posible porque el ejército supo aliarse con el sector empresarial público y privado, lo que permitió que se generara una dependencia de la élite militar que de una u otra forma estaba presente en todos los ámbitos de la sociedad.

A partir de 1990 y hasta el 2000, el proceso que inició con la infitah se robusteció con las nuevas medidas dictadas por el FMI. De esta manera, la nueva dinámica mundial y la liberalización económica que se acentuaba en Egipto generó que Mubarak empezara a beneficiar a una nueva élite, la de los empresarios. Durante esta década, los militares aceptaron jugar un rol subordinado para la clase gobernante, con la condición de no ver afectados sus intereses económicos.

Además, los generales demostraron ser inexpertos en la cuestión de administración de sus empresas y esto dio paso a que se crearan redes comerciales corruptas de patrón-cliente con el gobierno y los beneficiarios privados (Abul-Magd, 2012).

Sin embargo, la liberalización económica no cumplió con las expectativas que se habían puesto en ella. Al contrario, se fueron agudizando los problemas sociales, las reformas privatizadoras se robustecieron y Egipto empezó a entrar en una crisis mucho más profunda, acentuada sobre todo después del año 2000 hasta el derrocamiento de Mubarak en 2011, lo que intensificó aún más el papel de los militares. Lo anterior tuvo como resultado que la élite militar se beneficiara aún más de las privatizaciones y reformas económicas en general. Para este momento, como lo menciona Joya (2018: 15), el alcance del poder estructural de los militares se hizo evidente no solo por su alcance en varios sectores de la economía, sino también por el poder que ejerció a través de su control administrativo y su posición de intermediario para generar nuevos y fructíferos negocios de los que se beneficiaban.

Se puede apreciar que la élite militar se presentó como un actor adaptable. Ejemplo de ello fue el segundo periodo del militarismo en Egipto, en donde se le marginó de la política y tomó un papel de subordinación, adaptó sus vínculos, relaciones e intereses al sector económico en los diferentes contextos, lo cual le permitió que se le abrieran nuevas oportunidades en los nuevos sectores económicos; de hecho, en este mismo rubro han expandido sus actividades económicas civiles ajenas a la industria militar.

El derrocamiento del mubarakismo significó para los militares la protección de sus intereses, en el sentido en que se encontraban hasta cierto punto marginados de la política, pero seguían manteniendo su influencia, lo cual permitió que la élite militar condujera el proceso de transición de poder hacia la Hermandad Musulmana en el año 2012.

En este sentido, la Hermandad Musulmana desestimó la capacidad de los militares al amenazar sus intereses económicos, lo que produjo que los militares volvieran a involucrarse en la política con el golpe de Estado del año 2013. El retorno de los generales al poder en 2014 demostró que esta institución había permanecido en la memoria de la sociedad como un elemento fuerte y disciplinado, recordando el pasado poscolonial. El fracaso de los Hermanos Musulmanes dejó más dudas que respuestas a una sociedad que buscaba el cambio. El abandono a las peticiones sociales de 2011 tuvo como resultado ver en los militares aquella pieza faltante en el vacío de poder que se había producido.

Con Al-Sisi al mando, los militares vieron no solo su retorno a la política, sino también sus actividades económicas civiles se beneficiaron y se han incrementado a expensas tanto del factor estatal como del privado. En este momento, se podría afirmar que una disminución de la participación de los militares en la economía es improbable,

[…] debido a su fuerte posicionamiento en el mercado, a sus privilegios y a su arraigo histórico en la estructura estatal, lo cual genera que dentro de la economía militar las líneas entre la producción civil y la militar son borrosas (Noll, 2017: 1).

Conclusiones

Han pasado ya siete años de aquel golpe de Estado que permitió que la cúpula militar se estableciera de nuevo en el poder. Sin duda, se puede apreciar, con la situación actual, que las maniobras políticas de las estructuras militares están más ligadas a intereses de élites que a cualquier aspiración a un cambio social sustancial.

Resulta desalentador asentar que no se vislumbra una transformación profunda en las sociedades, mientras una de las instituciones del Estado más corrompida y poderosa –es decir, el ejército– continúe teniendo un papel decisivo en la política y en la economía. «Egipto, puede ser el reflejo de muchos otros países árabes que se han incorporado elementos democráticos, pero en donde han continuado existiendo prácticas autoritarias» (Calvillo Cisneros, 2013: 3).

En definitiva, la militarización de la región se ha convertido en un obstáculo para el cambio social, pasando de una etapa modernizadora a una de transformación en donde las fuerzas armadas sirven para proteger los intereses de las élites estatales y los propios, pero sobre todo para mantener las normas impuestas por el orden mundial globalizador en la región de Medio Oriente en general.

Podemos calificar el militarismo en el Mundo Árabe como un rasgo estructural, que para el orden mundial resulta esencial para insertarse en la realidad regional. La militarización en la región no puede traducirse como un sinónimo de seguridad, protección o salvaguarda de los derechos de la sociedad.

La institución militar en las sociedades árabes es vista hasta cierto punto como innata; es imposible imaginar a esta región sin sus generales, han sido parte de su historia y siguen siendo parte de la estructura de los regímenes. Hemos visto momentos en que esta institución parece flaquear, y podrían venir otros episodios que muestren rasgos de cambios, pero la experiencia y la historia han demostrado que el militarismo y el autoritarismo generalmente regresan más renovados; esto se debe a que las bases de las estructuras del poder se mantienen inalteradas.

Al analizar el militarismo en el Mundo Árabe, no debemos simplemente limitarnos a tratarlo como un actor que solo está comprometido con el tema de la seguridad. «De hecho, necesita ser estudiado como un importante actor que tiene sus propios intereses que van evolucionando frente a grupos socioeconómicos y clases en las diferentes sociedades y en contextos históricos diferentes» (Joya, 2018: 21). Este último punto no hay que dejarlo de lado, pues el comportamiento global de la economía y de la política ayudará a explicar mejor la evolución continua de las relaciones militares con sus sociedades y el poder.

Como se ha apreciado, la evolución e injerencia del ejército en los asuntos de la sociedad y el Estado egipcio ha sido cambiante. Algunos especialistas traducen esta evolución como pérdida de poder del ejército, pero esto sucede si identificamos a los militares exclusivamente desde el punto de vista tradicional, es decir, desde su papel de garante de la seguridad; sin embargo, en la mayoría de los Estados árabes y en concreto en Egipto, tiene un lugar preponderante en la participación institucional donde ha llevado a cabo la protección y el incremento de sus intereses económicos, convirtiéndolo en un pilar del sistema.

Lo anterior no es ajeno para el Estado. Por esta razón, se percibe hoy un «Estado policiaco» o de fuerzas paralelas crecientes, con el objetivo de mantener a los militares bajo control y de repartir entre diversos agentes la base del poder del régimen.

La alta capacidad de predominio de los ejércitos para preservar o derrocar a los diferentes órdenes políticos establecidos, ha generado en múltiples ocasiones, contradicciones internas graves y ha señalado invariablemente límites a los movimientos de resistencia que han pretendido alguna transformación. En este sentido, continúa siendo evidente que la posibilidad de llevar a cabo cambios estructurales profundos reside, en grado significativo, en el papel y compromiso que adopten los ejércitos de la zona (Isla, 2012: 256).

La relación entre los ejércitos del Mundo Árabe y el orden mundial ha servido para mantener en la región tanto los intereses estratégicos de Occidente como su proyecto globalizador neoliberal, mientras que el papel de los ejércitos se centra en la consolidación y beneficio de las élites políticas y económicas de las que los líderes militares son parte esencial.

En el caso egipcio, a pesar de los desafíos que representa el regreso del régimen militar y la continuación de este en Egipto, mantener este tipo de gobierno en un Estado tan geoestratégico para el orden internacional supone mantener la estabilidad a su favor ante una región tan cambiante. Marc Almodóvar (2014: 16) califica de casi asfixiante la autonomía y poder de este ejército egipcio que, desde 1952, ha fagocitado de tal modo los aparatos securitarios, económicos e ideológicos del Estado egipcio que ha acabado por identificarse orgánicamente con el Estado mismo.

Desafortunadamente, se manifiesta un incremento imparable en la militarización en la región, y con ello se constata que esta militarización es respaldada por las diferentes formas de autoridades políticas creando una interdependencia entre regímenes y élites militares. En fin, un círculo vicioso.

Referencias

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Vatikiotis P.J. (1978). Nasser and his Generation. Palgrave Macmillan.

El militarismo en Palestina y los obstáculos para su estatalidad

Francisco Daniel Abundis Mejía

Hoy he venido portando un ramo de olivo en una mano,
y el arma de un luchador por la libertad en la otra.
No dejen que caiga de mi mano el ramo de olivo…
Discurso de Yasser Arafat ante la Organización de
Naciones Unidas, 1974.

El presente texto es un esfuerzo para dar a conocer cuáles son los principales obstáculos que impiden la denominada fórmula de dos Estados: el ya existente Estado de Israel y un futuro Estado Palestino con fronteras bien definidas y continuidad geográfica. Para ello es importante mencionar una serie de prácticas del Estado de Israel, desde antes de su creación en 1948 en términos de despojo, asimetría y violencias en torno a los habitantes de la Palestina del Mandato británico.

Es importante señalar que las entidades estatales que se encuentran en la región conocida como «Medio Oriente» desde su creación estuvieron vinculadas a procesos de violencias por parte de polos hegemónicos; también a la influencia de factores externos. Como lo menciona Fred Halliday, para quien la presencia militar, las revueltas populares y la influencia de las dinámicas económicas internacionales constituye la más notable influencia en la región de análisis que se conoce como Medio Oriente (Halliday, 2005: 193).

En sintonía con Halliday, el factor fundamental es y ha sido la presencia de un fuerte componente militar. Así, el ejército se convirtió en un actor fundamental que no ha podido ser desdibujado en muchos escenarios tales como Egipto, Líbano, Siria y el caso particular de Israel y Palestina. Escenario que implica un claro conocimiento de las narrativas en torno a la ocupación en territorio árabe y después de las prácticas llevadas a cabo por el proyecto sionista, apoyado por sus aliados internacionales y un fuerte conglomerado militar supeditado a las dinámicas del capital estadounidense.

Respecto a la influencia de la presencia militar, las violencias y el surgimiento del Estado contemporáneo, es pertinente señalar el texto del doctor Isla Lope, «Las Relaciones Internacionales y el análisis de los conflictos en Medio Oriente», en el que, haciendo referencia a la Sociología Histórica Internacional trabajada por Halliday, se señala lo siguiente: «En el Medio Oriente, los Estados fueron establecidos en tiempos relativamente recientes. Al incluir a la historia, así como el análisis de una gran diversidad de fenómenos sociales tanto a interior como al exterior de los Estados». (Halliday, 2005: 36).

Siguiendo la anterior argumentación, es fundamental establecer que mediante una serie de tratados desiguales que favorecieron a las potencias coloniales, el surgimiento de élites y una serie de violencias armadas, los Estados en Medio Oriente han estado intrínsecamente ligados a un componente militar que, como se ha mencionado, hoy prevalece en diversas estatalidades.

Lo anterior en resonancia con los procesos que se han dado en muchos países tanto del norte de África como del creciente fértil, después de las mal llamadas «Primaveras árabes». Una serie de movimientos sociales y levantamientos populares que, con la consigna de «El pueblo quiere que caiga el régimen», fueron navegando entre imaginarios revolucionarios y resistencias en contra de regímenes autoritarios y longevos, pero que a la postre no lograron cambios estructurales y de realineamientos sociales, económicos y políticos.

Empero, hubo mejoras de carácter coyuntural. La realidad es que hay un elemento trascendental en toda esta argumentación: el régimen que buscaba ser derrocado realmente nunca se fue; todo lo contrario, se mantuvo esperando volver con las mismas y antiguas prácticas despóticas y alejadas del cuidado de la ciudadanía en todos los niveles de desarrollo humano.

En ese tenor, la presencia militar y de élite son los dos factores que se han mantenido en la región durante décadas; y es esa misma presencia la que ha vulnerado el desarrollo integral de sectores sociales vulnerables ante el privilegio del capital.

Para el caso especifico que atañe la presente investigación (Israel, Palestina), es preciso citar las narrativas del doctor Luis Mesa Delmonte, quien señala que la constitución de cuerpos armados siempre acompañó el incremento de los flujos migratorios judíos durante las primeras décadas del siglo XX. Organizaciones como Haganah, Irgun y Lehi, fueron decisivas para el enfrentamiento violento en diversas coyunturas, tanto contra actores palestinos como contra las fuerzas políticas y militares británicas presentes durante décadas de mandato en Palestina.

Con la declaración de independencia de Israel el 14 de mayo de 1948, se fundan las fuerzas de defensa de Israel (TZAHAL-Tzavá Haganá Leisrael) fusionando agrupaciones militares previamente existentes (Mesa Delmonte, 2010: 8).

Así, el Estado de Israel desde su creación ha estado acompañado de una serie de procesos que implicaron de manera directa la violencia, pero también la presencia de grupos paramilitares vinculados a los intereses sionistas, mismos que durante «la gran revuelta árabe» rompieron con los nexos más cercanos a la Corona británica, logrando presionar para que los británicos vieran el Mandato de Palestina como insostenible y alejado de los intereses de la Corona, en gran medida por los grupos paramilitares que combatían tanto a palestinos como británicos en suelo palestino, y que como bien menciona el doctor Mesa a la postre se convertirían en los servicios de inteligencia exterior y domestica del incipiente Estado judío.

Un Estado de reciente creación (1948), con la narrativa de víctima y que fue atacado y vulnerado por países árabes que buscaban recuperar el territorio palestino. La anterior premisa se volvió recurrente en la retórica israelí y el enemigo al exterior que cohesiona al interior, el común denominador en la vida social, económica y política de Israel, independientemente del proceso de paz, la izquierda o la derecha en la knesset.

Al respecto, menciona Stuart Cohen, miembro del Besa Center for Strategic Studies, que, contrario a lo que se suele pensar, el presupuesto destinado a las Fuerzas de Defensa Israelíes ha ido decreciendo en los últimos años, sobre todo en función de las necesidades primarias del Estado (Cohen, 1995: 241).

Sin embargo, la realidad es que el presupuesto para defensa en apoyos otorgados por Estados Unidos ha sido constante e incluso se ha incrementado en algunas administraciones del Despacho Oval, coadyuvando a mantener una narrativa de cohesión al interior de una cada vez más desgastada sociedad israelí, que ya no se satisface con el discurso de los «suicidas palestinos» y que, contrario a ello, busca mejores condiciones de vida debido a la pauperización ciudadana al interior de la denominada «única democracia de Medio Oriente».

En ese tenor, según datos de la Asociación de Científicos (FAS), gran parte del presupuesto de apoyo de los Estados Unidos para Israel se invierte en los sectores militares y de inteligencia. En números, hacia 2016 la administración de Trump –que además es cercana al primer ministro Benjamín Netanyahu– pactó la cantidad hacia el Estado de Israel una suma garantizada en 38 mil millones de dólares para distribuirse en un periodo no mayor a diez años (2019-2028) (FAS, 2019).

Entonces, puntualizando, acorde a cifras del citado organismo estadounidense, la ayuda de Washington a Tel-Aviv se puede analizar desde la perspectiva de una serie de acuerdos y tratados firmados con la llegada de Trump al poder y en donde destaca lo siguiente:

- La firma de un Memorandúm que implica mutuo entendimiento entre Estados unidos e Israel y que implica diez años en ayuda militar.

- Estados Unidos se compromete a proporcionar 38 mil millones de dólares en apoyo militar y estratégico.

- 33 mil millones de dólares en subvenciones de financiamiento militar extranjero.

- 5 mil millones de dólares en defensa antimisiles.

- Cabe destacar que el citado memorándum reemplazó un acuerdo anterior, pactado por diez y que especificaba un apoyo de 30 mil millones de dólares y ejecutado hasta el año fiscal 2018.

- Además, el Estado de Israel será el primer operador internacional del avión de combate F-35, aeronave de combate de quinta generación, considerada por Washington como el avión de combate más avanzado en tecnología que jamás se haya fabricado.

- 5 millones de dólares en materia de Migración y Asistencia a Refugiados.

- 2 millones de dólares en una subvención de seguridad nacional.

- Reautorización de garantías de préstamos estadounidenses a Israel hasta el 30 de septiembre de 2023.

- Reautorización de la Reserva de Guerra Aliados-Israel (WRSA-I) hasta el 30 de septiembre de 2020 (FAS, 2019).

Analizando esas cifras, hace sentido la narrativa del presidente estadounidense en torno a las acciones que ha llevado a cabo desde que estaba en campaña presidencial.

Hoy, cerca de finalizar su mandato (elecciones en noviembre de 2020) o continuar con cuatro años más de proyecto, existe una peculiar simbiosis entre Netanyahu y Trump; se necesitan mutuamente y también forman parte de un ala conservadora en sus países que representan sendos votantes de cara a sus aspiraciones políticas.

En dicho sentido, se puede entender la decisión unilateral de Estados unidos de mover su embajada de Tel-Aviv a Jerusalén; el hecho de haber reivindicado la soberanía israelí en el Golán Sirio (ocupado desde 1967) y promover el llamado Deal of the Centur, proyecto que se mantuvo «en silencio» y que a la postre significó más de lo mismo en el escenario israelí-palestino. Un acuerdo asimétrico que más allá de dar garantías a los palestinos delezna el legítimo derecho de los árabes para su libre autodeterminación, soslayando de la mesa de negociación los mismos puntos que han sido los grandes ausentes desde que inició el denominado proceso de paz en Madrid.

Proceso que comenzó a principios de los años noventa y que significó fracaso tras fracaso en términos de la estatalidad palestina, pero la constante ocupación de territorio por parte de Israel a partir de sus narrativas políticas de «Hechos consumados».

Entonces, la actualidad en el escenario palestino-israelí es diversa en matices de análisis. De entrada, como ya se mencionaron los puntos sobre la mesa del «Acuerdo del siglo», forman parte de una serie de procesos que, a la postre y desde la visión de la potencia ocupante «perpetuan el conflicto», garantizado una continuidad bastante cómoda para el Estado de Israel en términos de territorialidades, pero sumamente complicada de cara a la construcción de una estatalidad palestina.

Lo anterior, de manifiesto en una coyuntura puntual, la «posible anexión de territorio Cisjordano y partes del valle de Jordán» a territorio israelí. La anterior situación no progresó, pero fue puesta sobre la mesa, de cara a la búsqueda de la supervivencia política de la figura de Netanyahu, acusado por diversos casos de corrupción, clientelismo y tráfico de influencias al interior del Estado de Israel.

Además de la creciente polarización política al interior de las principales urbes israelíes, que tuvieron que pasar por tres comicios para observar cómo se formaba una peculiar alianza entre Gantz y Netanyahu para formar gobierno.

Con tan complejo panorama en el terreno, los procesos de realineación geopolítica en Medio Oriente, la pandemia que nos aqueja como sociedad global (COVID-19), la crisis del capital y con la tremenda crisis económica que se vive en gran parte del mundo, la cuestión palestina cae de nueva cuenta en el ostracismo, situación que de cara a perspectivas teóricas de nuevas territorialidades y emancipación en medio de la crisis del Estado-Nación, abre las puertas para entender Palestina, más allá de la binariedad que representa la fórmula de los dos Estados.

Pensando ¿¿¿ en nuevas alternativas que van de lo simbólico a lo territorial y que se insertan en la realidad actual de un pueblo dividido entre procesos generacionales que claman por un Estado, y quienes simplemente buscan mejores condiciones en términos de derechos y cotidianeidad ante el apartheid que se vive al interior de los territorios ocupados.

Ahora bien, ¿cuáles son dichas narrativas? A continuación, se hace un análisis de los principales obstáculos que hoy enfrenta la cuestión palestina en aras de lograr una estatalidad plena, con fronteras bien definidas y una ciudadanía no sustancial y diferenciada para todos sus habitantes.

Lo anterior tomando en cuenta una serie de prácticas históricas por parte del gobierno de Israel y que se insertan en un modelo colonial-capitalista inacabado, en función de cómo los sionistas pensaron su territorialidad. Y hoy, ¿hacia dónde podemos pensar la territorialidad palestina en todas sus dimensiones?

La primera práctica que se señalará en función de sus implicaciones en torno a la estatalidad palestina y su surgimiento como estrategia militar, a partir de la ocupación de Gaza y Cisjordania, es la construcción de asentamientos de carácter judío en territorio palestina, situación que violenta el derecho internacional, que traza rutas de apartheid al interior de los territorios ocupados y que fomenta prácticas de odio y desconocimiento de la otredad entre los colonos y los palestinos.

Las colonias de carácter judío en Palestina
(asentamientos coloniales)

Desde que Israel ocupó los territorios de Gaza y Cisjordania en 1967, comenzó con la construcción de colonias de carácter judío en dichos territorios, a pesar de que dichas construcciones representaban violaciones tanto a Naciones Unidas como a otros convenios y tratados internacionales.

Hoy día, en Palestina hay alrededor de 149 colonias de carácter judío, albergando a cerca de medio millón de colonos israelíes divididos entre Cisjordania y Jerusalén Este. Según estimados de la Organización de las Naciones Unidas, en el año 2017 aproximadamente el 57% del total de la población de colonos en Cisjordania vivía en un radio no menor a diez kilómetros de la ciudad vieja de Jerusalén, algunos situándose más allá de los límites establecidos por la municipalidad de la ciudad.

Dicho lo anterior, es preciso señalar dos cosas: primero, la definición de Naciones Unidas para este tipo de práctica israelí y, después, señalar los dos tipos de colonos que suelen llegar a territorio palestino. Para la Organización de las Naciones Unidas, un «asentamiento israelí» es «una comunidad organizada de civiles israelíes, que mediante concesiones dadas por el gobierno de Israel se establecieron en porciones de tierra de la Cisjordania ocupada, incluyendo a Jerusalén Este».[1] (OCHA, 2016).

Respecto al tipo de colonos que llegan a poblar el territorio palestino con consentimiento directo del Estado de Israel, según informa, es de distintas agencias de Naciones Unidas se pueden identificar dos tipos:

1. Colonos de tipo ideológico. Este tipo de colonos posee una estricta convicción sobre un «legítimo derecho» de carácter religioso para poblar el territorio de Cisjordania, a quienes ellos llaman «Judea y Samaria», y que desde su perspectiva forma parte de la tierra de Israel. Son pioneros en el tema de la colonización de Palestina y usualmente habitan en colonias localizadas en el centro y norte de Cisjordania, siendo la ciudad Palestina de Nablus una de las más afectadas por la presencia de colonos israelíes.

2. Colonos de tipo económico. Para los colonos judíos de tipo económico, las motivaciones para migrar de su lugar de origen a territorio palestino son de carácter financiero. En esta categoría, hay judíos ultraortodoxos provenientes de los barrios más pobres de Jerusalén y familias de clase media que regularmente son seculares.

Cuando el Estado de Israel comenzó con este tipo de práctica en la Palestina ocupada, tenía una orientación de tipo militar; los primeros asentamientos que se construyeron eran centros militares colocados de manera estratégica a lo largo de las tierras que recientemente habían sido anexadas al recién formado Estado judío. En la actualidad, muchas de las colonias que fungieron como centros de estrategia militar son casas de colonos judíos en Palestina, protegidos celosamente por el ejército de Israel.

Así, tras la derrota de los ejércitos árabes en la guerra de junio de 1967, las pretensiones expansionistas del Estado de Israel no se hicieron esperar; se creó en Cisjordania la colonia de Kfar Etzion, que representaría el punto de partida para que se iniciara con un proceso colonizador que perdura a la fecha a lo largo y ancho del territorio palestino.

En este contexto, surgieron planes de anexión y de construcción de asentamientos judíos en los territorios anexados a Israel, dentro de los cuales se implementó durante alrededor de diez años el plan propuesto por el ministro de defensa Yigal Allon.

El principal objetivo de la propuesta de Allon era garantizar la seguridad de Israel y de los judíos, sin importar los derechos y libertades de la población palestina, de manera que

De acuerdo con el plan Gaza y Jerusalén deberían de ser controlados por Israel y habrían de construirse una serie de asentamientos en el valle del Jordán y Cisjordania, que en el imaginario de los colonos son los territorios de las antiguas Judea y Samaria. (Dincer, 2011). p.6

La polémica respecto al término siempre ha existido. Hay un acalorado debate en la academia entre los que se refieren a dichas construcciones como asentamientos y los refieren un proceso de colonización al llamarlas colonias judías, con una fuerte carga simbólica y religiosa en términos de territorialidad.

Empero, más allá de cuestiones divinas, la situación real es que hay una ocupación que violenta el Derecho Internacional y que se ha perpetuado, a pesar de la condena de distintos organismos y la propia Comunidad Internacional, debido a que nunca se han impuesto sanciones al Estado de Israel.

Como lo establece un informe sobre las colonias de la Autoridad Nacional Palestina, las prácticas y políticas del Estado de Israel representan una flagrante violación al Derecho Internacional, a previos acuerdos con los palestinos, además de que violan un gran número de resoluciones por parte de Naciones Unidas que condenan e instan a Israel a que ponga freno a la colonización de Cisjordania, en aras de lograr un acuerdo benéfico para las partes en conflicto.

Otra de las convenciones que Israel viola de manera clara y sin reservas es la Cuarta Convención de Ginebra, específicamente en razón del artículo 49 de la misma, el cual refiere la transferencia de población de una potencia ocupante a territorio ocupado, que

[…] queda prohibido el traslado forzoso de personas en el territorio ocupado, así como su deportación a lugares fuera del territorio ocupado. Dicha prohibición es absoluta y se aplica sin tomar en cuenta motivo alguno. De igual manera el artículo número 49 establece que se prohíbe a la potencia ocupante la trasferencia de población civil al territorio ocupado. (OLP, 2010).

En este tenor, se hace un recuento de los estatutos internacionales más importantes en torno a la construcción de colonias de carácter judío en el territorio palestino.

Cuarta Convención de Ginebra.

Corte Penal Internacional.

Naciones Unidas: a) Resolución 904; b) Resolución 465 (1980); c) Resolución 452 (1979); d) Resolución 446.

Queda claro que construir colonias de carácter judío en el territorio de la Palestina ocupada violenta de manera flagrante diversos estatutos de organismos internacionales. Sin embargo, todo queda en un carácter normativo y no positivo, por lo que deber ser el Estado de Israel el que ponga fin inmediato a la colonización del territorio que ocupa mediante prácticas tan deleznables como la construcción de colonias, pero, por el contrario, dicho Estado es una de las entidades internacionales que más resoluciones ha violado de la Organización de las Naciones Unidas.

Así, Israel es el único país en dicho organismo supranacional que nunca ha establecido los límites de sus fronteras –que día con día cambian–, dada la anexión de territorios palestinos de manera indiscriminada y en gran medida por la creciente construcción de colonias de carácter judío a lo largo y ancho de la Cisjordania ocupada, violando así la obligación que tiene todo Estado miembro de las Naciones Unidas de acuerdo con la Resolución 242.

En ese sentido, y para entender la conducta del Estado de Israel respecto a la cuestión palestina, se enlistan algunas de las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas que no ha respetado Israel.

Resolución 181

Resolución 194

Resolución 303

Resolución 114

Resolución 2253

Es necesario precisar que solo se mencionaron cinco resoluciones que en general hablan sobre dos cuestiones elementales: la anexión de Israel en 1967 y el estatuto de Jerusalén. Sin embargo, son 26 las resoluciones que no han sido respetadas por el Estado de Israel hasta el momento.

Respecto a las colonias de carácter judío, la resolución 446 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estableció que la construcción de «asentamientos» en los territorios palestinos ocupados carecía de validez legal y representaba un importante obstáculo para una paz justa y duradera en la región de Medio Oriente. Derivado de la misma resolución, se creó una comisión especial de tres miembros no permanentes con la finalidad de informar sobre la situación de Cisjordania ante los «asentamientos» israelíes.

La comisión estuvo integrada por Bolivia, Portugal y Zambia, y a pesar de los múltiples esfuerzos nunca encontró mayor cooperación del gobierno de Israel.

En su informe del 12 de julio de 1979, la comisión abordó las consecuencias de la política israelí de asentamientos para la población árabe, que eran el desplazamiento de la población árabe, el apoderamiento de la tierra y el control de los recursos de agua, la destrucción de casas y el extrañamiento de personas, continuas presiones para que emigrasen a fin de dejar lugar para nuevos colonos, así como cambios drásticos y contraproducentes en la estructura económica y social de la vida cotidiana de la población árabe que ha quedado en la zona y otros cambios profundos de carácter geográfico y demográfico de los territorios afectados, en violación al cuarto convenio de Ginebra (ONU, 2014).

Así, desde 1967 han pasado más de cuatro décadas en las que el territorio palestino se ha visto cantonizado y segregado por la creciente ampliación de colonias de carácter judío en Cisjordania y Jerusalén Este, sin contar las que se expandieron durante mucho tiempo en el pequeño territorio costero de la Franja de Gaza y que fueron evacuadas tras el retiro del ejército israelí en 2005.

Como se ha mencionado, las sanciones no están presentes, y a lo que más se ha llegado es a una moratoria de diez meses en el año 2010, que no representó cambio alguno en la colonización, pues justo unas horas después de culminar la moratoria se anunció la construcción de un gran número de colonias y la ampliación de otras ya existentes cerca de Jerusalén Este.

De acuerdo con un informe presentado por el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos,

Israel ha expropiado desde 1967 y con diversa intensidad tierras para uso público, semipúblico y privado, cerca del 60% de la ribera occidental, el 33% de la Franja de Gaza y aproximadamente el 33% de la tierra palestina en Jerusalén con la finalidad de crear zonas militares, asentamientos, zonas industriales, construir carreteras de circunvalación y mantener las tierras del «Estado» para uso exclusivo israelí. (ONU, 2014).

El tiempo se agota para la creación de un Estado Palestino. La construcción de este tipo de guetos son el principal enemigo a la denominada fórmula de los dos Estados; mientras Israel continúe con estas políticas de hechos consumados, el mapa palestino se seguirá dividendo, quedando pequeños pedazos de tierra aislados entre sí y comunicados únicamente por infraestructura que sirve exclusivamente a los colonos israelíes.

Cantonización del territorio cisjordano

Desde la conferencia de paz de Madrid, en específico tras los Acuerdos de Oslo I y Oslo II, los territorios palestinos ocupados en Cisjordania se balcanizaron. Más allá de la división en zonas administradas tanto por el Estado de Israel como por la Autoridad Nacional Palestina, la realidad superó de manera tajante a la diplomacia fútil de un gobierno noruego que, argumentando parcialidad, se convirtió en mediador de las decisiones de Estados Unidos e Israel, dejando de lado los elementos más indispensables de la negociación y postergando como siempre el tema del derecho de retorno de los refugiados palestinos, entre otras cuestiones vitales para la delegación árabe.

En ese tenor, el fracaso de los Acuerdos de Oslo derivó en una serie de procesos que a la postre desencadenarían en una voraz colonización y cantonización del territorio palestino.

Para hacer más ilustrativo el anterior argumento, es pertinente mencionar que tan solo en el territorio de Cisjordania, sin contar las colonias de carácter judío en la Franja de Gaza, Jerusalén Este y los Altos del Golán en el año de 1993, antes de los acuerdos de Oslo el número de colonos se encontraba cercano a los 112 000, número que ha aumentado drásticamente en años recientes. A continuación, se presenta una tabla de la organización Foundation for Middle East Peace, basada en cifras de la oficina central de estadística del Estado de Israel, en la que puede observarse el crecimiento exponencial de las colonias de carácter judío en el territorio palestino dividido por zonas.

Tabla 1. Población de colonos judíos de los años 1972-2010

Año

Cisjordania

Franja de Gaza

Jerusalén Este

Altos del Golán

Total

1972

1182

700

8649

77

10 608

1983

22 800

900

76 095

6800

106 595

1985

44 100

1900

103 900*

8700

158 700

1989

69 800

3000

117 100

10 000

199 900

1990

78 600

3300

135 000

10 600

227 500

1991

90 300

3800

137 300

11 600

243 000

1992

101 100

4300

141 000

12 000

258 400

1993

111 600

4800

152 800

12 600

281 800

1995

133 200

5300

157 300

13 400

309 200

1996

142 700

5600

160 400

13 800

322 500

1997

154 400

5700

161 416

14 300

335 816

1998

163 300

6100

165 967

14 900

350 267

1999

177 411

6337

170 123

15 313

369 184

2000

192 976

6678

172 250

15 955

387 859

2002

214 722

7277

175 617

16 503

414 119

2003

224 669

7556

178 601

16 791

427 617

2004

234 487

7826

181 587

17 265

441 828

2005

258 988

0

184 057

17 793

460 838

2006

268 400

0

186 857

18 105

473 362

2007

276 462

0

189 708

18 692

484 862

2008

295 380

0

193 091

19 083

507 554

2009

299 440

0

191 960

19 248

510 648

2010

314 132

0

198 629

19 797

534 224

2011

328 423

0

n/a

20 347

n/a[2]

Como se puede observar, a partir de 1993, año en que se dan los Acuerdos de Oslo, el crecimiento ha sido mayor en términos de población de colonos judíos en los territorios palestinos, por lo que las soluciones y las hojas de ruta trazadas durante el proceso de paz no mejoraron las condiciones de vida en la Palestina ocupada, ni establecieron una agenda clara sobre temas relevantes hacia la creación de un Estado palestino.

La construcción de colonias de carácter judío pone en serio riesgo al Estado Palestino. Cada vez es menor el territorio que resta de la denominada Palestina histórica y el número de colonos crece de manera exponencial, en términos de las decisiones de los distintos gobiernos israelíes que utilizan tal práctica de manera recurrente como método de castigo ante cualquier decisión política tanto de la Autoridad Nacional Palestina, como del gobierno de la Franja de Gaza, es decir, el movimiento islamista Hamás.

El aislamiento de la Franja de Gaza

Otro de los obstáculos a la fórmula de los dos Estados es el aislamiento de la Franja de Gaza, incomunicada territorialmente con Cisjordania y con un proyecto político distinto al de Fatah desde el triunfo electoral de Hamás en 2007. La situación de La Franja de Gaza ha ido empeorando continuamente desde su ocupación por Tel-Aviv, tras la guerra de 1967. Las distintas intervenciones israelíes y el bloqueo impuesto, luego del triunfo del proyecto islamista, han convertido a un territorio de tan solo 360 kilómetros cuadrados en una prisión a cielo abierto teniendo presa a la población gazatí por cielo, mar y tierra.

Dicho bloqueo económico impuesto en 2007, debido a que el Estado de Israel, Estados Unidos y la Unión Europea catalogaron a Hamás como un grupo terrorista, puso a la economía de Gaza en una situación que va más allá de la precariedad. En esas circunstancias, los productos de primera necesidad comenzaron a escasear y, por ende, se encarecieron; el combustible se convirtió en un bien de lujo y el tráfico de productos mediante túneles se hizo recurrente en aras de activar una economía golpeada por los estragos de las políticas israelíes.

Para dotar con datos duros los anteriores argumentos, es pertinente citar a Ignacio Álvarez-Ossorio, quien afirma que «Hoy en día, un 85% de los habitantes de Gaza vive bajo el umbral de la pobreza, el desempleo afecta al 45% de la población y 1 265 000 personas dependen directamente de la ayuda internacional».[3] Si bien las anteriores estadísticas son alarmantes y reflejan en gran medida la situación que aqueja a la Franja de Gaza, no toman en cuenta la última intervención israelí denominada «Marco protector», que en el verano de 2014 devastó la economía y la infraestructura de este territorio dejando a su paso heridos, muertos y de nuevo el reto de reconstruir lo que tantas veces se ha reconstruido.

Lo anterior solo reafirma y expresa que el ejército más poderoso de la región de Medio Oriente, apoyado militarmente por Estados Unidos, intervino directamente en un territorio que, como se mencionó, es uno de los más densamente poblados del planeta, lo que convierte las intervenciones israelíes en asimétricas y dan a esta pequeña franja costera el perfil de «patio trasero» de Israel, en aras de probar tácticas militares, armas y sobre todo sembrar el terror en una población que con cada una de estas acciones se ve diezmada en términos físicos, económicos y morales.

Por el lado palestino, la intervención en Gaza dio un golpe al endeble acuerdo de unidad palestino. Un Hamás dividido en su seno entre la retórica y la praxis y un Al-Fatah que como medida de desesperación presentó de manera unilateral un proyecto categóricamente rechazado por Israel, en donde se proyecta un Estado palestino con base en las fronteras anteriores de la ocupación de 1967.

A la fecha, se suman ya doce años de bloqueo económico desde que Hamás, tras su triunfo electoral, se hizo del control de la Franja de Gaza. Desde ese momento, las posibilidades de que se estabilice la economía son nulas, una economía prácticamente de subsistencia en donde los bienes de primera necesidad y de consumo muchas veces tienen que pasar por el contrabando de los túneles para llegar a las familias.

En cuanto al sector bancario palestino, hay que decir que existen severas restricciones respecto a las transferencias de dinero en dólares y dinares jordanos. En esas circunstancias, es complicado que la economía de la Franja de Gaza pueda salir de la situación en que se encuentra, máxime si a todo lo anterior se le suman las intervenciones militares de Israel.

Mientras tanto, Hamás continúa en su postura de resistencia contra la ocupación israelí en una situación totalmente asimétrica, en donde los cohetes lanzados hacia Israel son interceptados por un domo de alta tecnología, frente a la población de Gaza, que sufre los estragos de bombardeos e incursiones terrestres en territorios densamente poblados, sin refugios, sin una batería aérea de defensa y, sobre todo, fuera de toda legislación en derecho humanitario, en medio de operaciones «quirúrgicas» del Estado de Israel, en las que los principales afectados son mujeres, niños y civiles en general, no blancos islamistas o «terroristas».

A lo largo del tiempo, el Estado de Israel ha sabido sacar provecho económico y político del enemigo común al exterior que cohesiona al interior de su población. En ese sentido, Hamás es un actor que, sumado a dinámicas regionales como el programa nuclear iraní y la guerra civil en la República Árabe de Siria, sigue funcionando como catalizador para las políticas del Estado de Israel hacia Palestina en términos de ocupación y en una serie de castigos colectivos hacia la sociedad árabe/palestina, que van de los denominados checkpoints, las detenciones arbitrarias, a la demolición injustificada de viviendas. De ahí que la confiscación de 400 hectáreas de territorio palestino en Cisjordania, luego de dar por finalizada la operación «Margen Protector» en Gaza, sean un ejemplo más de medidas injustificadas y arbitrarias (Álvaréz-Ossorio, 2017: 17).

Con todo ello, se enfatiza en la poca voluntad de Israel para extender puentes en aras de la creación de un Estado palestino, como menciona Ignacio Álvarez-Ossorio en tanto que tales acciones de Tel-Aviv son

[…] una estrategia cuanto menos arriesgada, puesto que apuesta por añadir más leña al fuego en un Oriente Medio que vive en un momento especialmente volátil, con Siria hundida en el lodo de la guerra civil y con un Irak cada vez más fragmentado con el Estado islámico en plena fase de ascenso (Álvarez-Ossorio, 2014). p.1.

En este sentido, no es nuevo que la causa palestina quede soslayada en la región de Medio Oriente, dado que las coyunturas actuales hacen que se mire poco a la ocupación, lo que en términos estratégicos favorece al Estado de Israel que, como es bien sabido, habiendo hecho de sus políticas de hechos consumados, continúa con la colonización de Cisjordania.

Sin embargo, ¿y Gaza? El aislamiento de dicho enclave representa un reto para la posible creación de un Estado palestino sólido y con continuidad geográfica. Más allá de dos proyectos de nación distintos, la visión debe estribar en la consecución de un Estado libre, soberano y sobre todo en poner fin a la ocupación israelí de Gaza y Cisjordania que comenzó en 1967.

La situación humanitaria de esta parte de Palestina es preocupante en términos de pobreza y condiciones de vida. Sin embargo, también hay que enfatizar en la división en el seno de Hamás, donde dos líderes que, inmersos en la contradicción entre retórica y praxis, no han sabido pactar un acuerdo duradero con su rival para poner fin a la ocupación israelí en suelo palestino.

Sumado a lo anterior –y para hacer un poco más grafico el bloqueo del que es presa la Franja de Gaza–, es pertinente señalar que tanto su aeropuerto como el único puerto marítimo que poseía fueron destruidos por los bombardeos de Israel en 2001. Hoy, a pesar de proyectos para reconstruir dichos bastiones para la economía de Gaza, las condiciones económicas y las constantes intervenciones del ejército israelí en la Franja han hecho inviable que pueda concebirse un nuevo aeropuerto y un puerto marítimo que funjan como catalizadores de la economía en esta zona de Palestina.

En tan complicado panorama, cabe preguntar: ¿dónde está la denominada Comunidad Internacional?, ya que Washington, Tel-Aviv y algunas capitales de la Unión Europea siguen callando y parecieran inmovibles ante la situación de la Franja de Gaza, presentando únicamente escuetos comunicados, condenas y una crítica velada a la manera en cómo Israel violenta el Derecho Internacional.

En dicho contexto, es pertinente mencionar el «Informe Goldstone», documento elaborado tras la intervención «Plomo Fundido» por encargo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el cual se condenó a Hamás y a Israel declarando que ambas partes violaban el Derecho Internacional. No obstante, de las voces que generó el trabajo del sudafricano Richard Goldstone, nuevamente todo quedó en recomendaciones y condenas.

Sin agua potable, sin electricidad, sin servicios básicos, sin acceso a una economía en donde se pueda laborar y generar los ingresos mínimos para subsistir, todo lo anterior, en gran medida como una especie de castigo a la población palestina por haber votado por un grupo islamista como Hamás, en una zona donde restando las cuencas de gas descubiertas recientemente en la costa gazatí, los recursos naturales son pocos en comparación con el vergel que representa Cisjordania a la industria de la ocupación, en aras de saqueo y confiscación de los recursos naturales pertenecientes a la población palestina.

Así, el Estado de Israel continúa con este tipo de prácticas que, en primera instancia, violentan el Derecho Internacional y cualquier cantidad de convenciones respecto a los Derechos Humanos y crímenes de guerra. Pero lo que se encuentra en el fondo, no en la forma de los actos perpetrados por Israel en Gaza, es un proceso de limpieza étnica, en términos de una población confinada en un pequeño territorio, que de seguir en las condiciones actuales se puede tornar inhabitable para la población gazatí, carente de lo más indispensable para una vida digna. Al respecto, Tanya Reinhart señala que

La política sistemática de Israel de herir a los palestinos no puede justificarse como acción en defensa propia, ni tampoco como reacción espontánea al terror. Se trata de un acto de limpieza étnica, del proceso merced al cual una población es expulsada de una tierra que otra población desea controlar. En un lugar del mundo tan estrechamente observado como es Israel/Palestina, la limpieza étnica no puede ejecutarse como un acto de carnicería y evacuación masiva del territorio, sino que la situación requiere un proceso repetitivo que empuje lentamente a la población a perecer o huir. (Reinhart, 2004: 120).

La judaización de Jerusalén

Uno de los obstáculos que ponen en serio riesgo la viabilidad de que sea aplicada la fórmula de dos Estados es la colonización y, por consiguiente, judaización de la ciudad de Jerusalén.

Tras la fundación del Estado de Israel y hasta la anexión de la Franja de Gaza y Cisjordania en el año de 1967, la ciudad se dividía en dos partes: la judía al Oeste y la árabe al Este, hasta que el Estado de Israel se anexó la parte árabe de la ciudad aumentando y modificando los límites del municipio en aras de modificar la densidad poblacional judía en detrimento de la árabe.

Desde dicha anexión unilateral en 1967, el territorio de la ciudad de Jerusalén casi se triplicó en tamaño, pasando de 38 km^2 a 108 km^2, incluyendo la anexión ilegal de 71 km^2 de tierra palestina ocupada. En mayo de 1993, el Estado de Israel de nuevo expandió los límites de Jerusalén y la ciudad alcanzo los 126.4 km^2 de tierra. Después de que iniciara la construcción del muro israelí en 2002, a la fecha nuevas porciones de territorio han sido anexadas por parte de Israel, sumando cerca de 375 km^2 de la Cisjordania ocupada (Abuzayyad,Schenker,Ross, 2013).

Otro elemento que deben señalarse es el simbolismo en términos religiosos que posee la ciudad de Jerusalén para las tres religiones monoteístas; de ahí en gran medida la disputa y la gran negativa de Israel a ceder un ápice de terreno tachándola de indivisible ante las pretensiones palestinas. Dicha situación se ha observado en todo el denominado Proceso de Paz, ya que el estatus de la ciudad de Jerusalén ha sido postergado a las últimas etapas de los procesos postulados, que nunca se han logrado.

En atención a lo anterior, se mencionan los lugares santos para las tres religiones monoteístas: Monte del Templo, Domo de la Roca, Mezquita de Al-Aqsa, Muro occidental e Iglesia del Santo Sepulcro.

Sin embargo, el problema respecto a Jerusalén no estriba estrictamente en su carácter religioso, sino en que esa ciudad es parte de un todo y está inmiscuida en un proceso colonizador que ha ido expandiendo los límites de un Estado creado artificialmente en 1948 mediante acuerdos internacionales, sin respetar a la población autóctona de la Palestina histórica.

Así, la expansiva colonización y por consiguiente judaización de la ciudad de Jerusalén representa un serio obstáculo para que pueda conformarse un Estado palestino, de modo que a la fecha en ninguna ronda de negociación se lograron resultados concretos sobre este problema. Los foros siguen y el proceso de paz tiene más retrocesos que avances, mientras que día a día el ejecutivo israelí anuncia como parte de la cotidianeidad la anexión de hectáreas de territorio palestino y la construcción de colonias de carácter judío, exclusivamente en los barrios que circundan a Jerusalén Este.

Al respecto de dichas prácticas del Estado de Israel en la parte de Este de Jerusalén, señala Virginia Tilley que

La anexión israelí de Jerusalén Este es de manera directa un acto basado en intenciones de carácter colonialista, es ilegal en sí mismo en el entendido que las propias leyes encaminadas a un acto de ocupación señalan que la ocupación solo debe de ser de manera temporal, situación que además no dota de soberanía a la potencia ocupante. La anexión de territorio durante un periodo de ocupación también viola la prohibición respecto al uso de la fuerza para adquirir territorios que se encuentran ocupados por una potencia externa. Dicha prohibición posee carácter perentorio y es un corolario de la prohibición de uso de la fuerza en las relaciones internacionales consagrado en el artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas. (Tilley, 2009: 7).

Es más que flagrante la manera en cómo el Estado de Israel violenta el Derecho Internacional. Cualquier cantidad de resoluciones de Naciones Unidas ha condenado la anexión de territorio palestino mediante la construcción de colonias de carácter judío. La creación de este tipo de colonias en Jerusalén aumenta cotidianamente y de manera drástica; lo anterior merma la viabilidad de dos Estados. El principal objetivo de Israel es minimizar a su máxima expresión a los habitantes palestinos en la parte Este de la ciudad.

Según datos del Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados (B’Tselem),

En el año 2010 la población de Jerusalén era de 788.052 habitantes de los cuales 504.179 eran judíos (63,9%) y 283.873 habitantes palestinos (36%). Cerca del 59,6 por ciento de los residentes viven en la tierra que fue anexada en 1967 (39,3% son habitantes judíos, y el otro 60,7% son habitantes palestinos). (Btselem, 2014). p.3.

Tomando en cuenta lo anterior, y bajo la premisa de que la tasa de natalidad es mayor en la población palestina que en la israelí, es que el Estado de Israel ha llevado a cabo, y continúa implementando, una serie de prácticas más allá de la construcción de colonias, con el objetivo de menguar a la población árabe en Jerusalén. Entre dichas acciones destacan:

1. El aislamiento de Jerusalén del resto de Cisjordania mediante el muro de segregación.

2. Expropiación de tierras palestinas a discreción por el Estado Israelí, planificación y construcción de infraestructura a costa de los territorios palestinos.

3. Demolición de viviendas palestinas.

4. Tala de olivos.

5. La revocación de residencia y beneficios sociales a los palestinos que se ausentan de la ciudad.

6. Falta de equidad en cuanto a la repartición del presupuesto entre la parte Este y la Parte Oeste, situación que tiene efectos nocivos en términos de infraestructura y servicios.

7. Desde la perspectiva de las Naciones Unidas, en particular de la Coordinación para Asuntos Humanitarios en los Territorios Palestinos Ocupados, cabe mencionar que:

El establecimiento de colonias de carácter judío en el corazón de barrios palestinos comúnmente conduce al desalojo y desplazamiento forzado de la población palestina. Además de privar a las familias árabes de sus hogares, este tipo de prácticas merma el acceso a servicios básicos como la educación, el agua y genera una mayor dependencia de la población palestina hacia la ayuda humanitaria (ONU, 2014).

En ese sentido, la situación actual de la ciudad de Jerusalén es sumamente complicada. Sin embargo, la sistemática colonización y anexión por el Estado de Israel no es nueva en cuanto a los límites y estatutos de la ciudad sagrada. Distintos gobiernos de todas las facciones políticas en Israel se han encargado de mantener la cantonización y la segregación a costa de violentar los derechos fundamentales de la población palestina que reside en Jerusalén y sus zonas aledañas.

Cabe destacar una ley en particular promovida en junio de 1980 por el parlamento israelí, la llamada «Ley básica de Jerusalén». Establecía que la ciudad tenía el carácter de entera y unificada, y de igual manera señalaba que Jerusalén es la capital del Estado de Israel.

A continuación, se presentan los puntos principales que abordaba dicha ley, que a la postre sería condenada y censurada por Naciones Unidas, que con la resolución 478 (ONU, 2014) del Consejo de Seguridad, catalogaron la medida israelí como un obstáculo para la paz, instando a los países a que retiraran sus embajadas de Jerusalén y las instauraran en Tel-Aviv, a pesar de no contar con el respaldo de Estados Unidos que se abstuvo en la votación.

Los puntos esenciales de la «Ley básica de Jerusalén» son:

1. Jerusalén completa y unida es la capital de Israel.

2. Jerusalén es la sede de la Presidencia del Estado, de la Knesset y de la Suprema Corte.

3. Protección de los lugares santos y «libre» acceso a los miembros de las distintas religiones.

4. El gobierno debe de promover el desarrollo y la prosperidad de la ciudad de Jerusalén (Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, 2014).

La anterior ley es tan solo el resultado de una visión simplista y segregacionista respecto a la realidad de una ciudad como Jerusalén. A ello habría que sumar la prohibición de palestinos cisjordanos a la ciudad y las innumerables violaciones hacia la población árabe/palestina que habita las inmediaciones de la ciudad santa.

Si bien las anteriores prácticas son un problema en términos de cotidianeidad para los residentes palestinos de Jerusalén como ya se ha mencionado, el verdadero problema recae en la construcción de colonias de carácter judío en la parte Este de la ciudad, de las cuales en la actualidad el número ha ido creciendo, siendo el gobierno de Benjamin Netanyahu uno de los más activos en términos de política de hechos consumados, confiscación de tierras y ampliación de este tipo de viviendas para los colonos.

Desde 1967, año en que el Estado de Israel anexó de manera unilateral la ciudad de Jerusalén a su territorio, el proceso de colonización ha ido cumpliendo con su cometido, cantonizando y aislando el territorio palestino en términos de una ruptura total en cuanto a infraestructura y comunicaciones de la ciudad sagrada con el resto de la Cisjordania ocupada.

Actualmente, son alrededor de 200 000 colonos distribuidos en la parte Este de la ciudad, que responden a distintas etapas de anexión y ampliación de las colonias en Jerusalén Este desde 1967.

Dicho todo lo anterior, se puede establecer que uno de los principales obstáculos para la fórmula de dos Estados independientes es la colonización de Cisjordania; sin embargo, el caso de Jerusalén es peculiar debido al fuerte carácter simbólico que posee la ciudad para ambas partes del conflicto.

Desde la última intervención en Gaza, se aprobó la construcción de alrededor de 6800 casas en colonias de carácter judío en la parte Este de Jerusalén. Aunado a ello, la escalada en la violencia, debido a los enfrentamientos entre colonos y palestinos, ha derivado en una inestabilidad no solo en Jerusalén, sino también en el resto de la Cisjordania ocupada, que a pesar de estar casi desconectada de la ciudad sagrada por la infraestructura israelí en términos de colonias y al muro de segregación, sigue viviendo los mismos estragos en términos de colonización y políticas de hechos consumados por el Estado de Israel.

Al respecto de la judaización de Jerusalén, el Centro Palestino para los Derechos Humanos señala en su informe de 2009 que el gobierno de Israel y sus fuerzas de ocupación se han dedicado a colonizar la parte Este de Jerusalén y sus suburbios con el fin de crear una mayoría judía en la ciudad.

Los esfuerzos para crear una densidad demográfica favorable a los judíos comenzaron con la ocupación de 1967 y continuaron con prácticas como la confiscación de tierra palestina, la construcción de colonias de carácter judío en suelo palestino, la construcción del muro de apartheid, la falta de permisos del gobierno de Israel para la construcción de nuevas viviendas y la demolición de muchas de las existentes en territorio cisjordano. De igual manera, el Estado de Israel ha emitido leyes racistas, cuyo único objetivo es expulsar a la población palestina y crear un aislamiento de la ciudad en términos económicos y geográficos (Palestinian Center for Human Rights, 2009).

La división intrapalestina

Hoy día, al hablar de la polarización política en Palestina pareciera casi un sinónimo de la división existente entre Fatah y Hamás. Sin embargo, a lo largo de la historia de Palestina han existido otro tipo de proyectos que, con sus peculiaridades, han buscado estar en la agenda política palestina, teniendo una base social definida y una serie de proyectos cuyo común denominador es acabar con la ocupación israelí del territorio palestino.

Al respecto, menciona Michael Bröning que, desde sus primeras concepciones, la heterogeneidad y pluralismo ideológico han definido la vida política palestina, dando lugar a un espectro de distintas visiones de la realidad en contra de la ocupación. Por lo anterior, las distintas facciones políticas en el territorio palestino son un modelo único en todo el Mundo Árabe. Para Bröning, las facciones palestinas responden a coyunturas y temporalidades.

Respecto a las particularidades de la resistencia palestina, es pertinente citar la opinión del profesor Santiago Quintana:

[…] la división física y socioeconómica de la sociedad palestina, la dinámica política interárabe y la fragmentación organizativa de la resistencia proponen un contexto que obstaculiza la formulación de una superestructura homogénea, definida y unificada. La superestructura de la fase organizativa de la resistencia es un producto dado sobre la marcha de los acontecimientos, en un proceso de reformulación continua de metas y perspectivas estratégicas de elementos ideológicos y tácticos.[4] (Quintana, 1980: 119).

Así, después del establecimiento del Estado de Israel en 1948, grupos panarabistas, como el Movimiento Nacionalista Árabe, dominaron la escena política en Palestina, lo que puede considerarse como una primera fase. Sin embargo, debido a los fracasos de los Estados árabes respecto a evitar la creación del Estado de Israel, el panarabismo fue perdiendo auge.

En palabras de María de Lourdes Sierra Kobeh,

[…] los regímenes asociados con el panarabismo quedaron fuertemente desacreditados por la aplastante derrota sufrida por los ejércitos árabes durante la guerra de 1967, la cual exhibió sus múltiples contradicciones. La liberación de Palestina, eje central del discurso panarabista árabe, no pudo realizarse y con ella se vinieron abajo las aspiraciones de toda una generación nacionalista. (Sierra Kobeh, 1995: 10).

La segunda fase puede ser señalada por el rol preponderante del Movimiento para la Liberación de Palestina (Fatah), de corte secular, fundado en el año de 1959 y que rápidamente se convertiría en uno de los mayores representantes de las aspiraciones palestinas.

Entonces, es importante señalar que independientemente de la polarización de hoy día, en el escenario palestino/israelí y al surgimiento de nuevos actores de carácter político como es el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que llegó al poder en 2007, siempre han existido grupos de resistencia en contra del Estado de Israel.

El más representativo de dichos grupos y símbolo de la resistencia en contra de la ocupación israelí en territorio palestino fue la Organización para la Liberación de Palestina encabezada por Yasir Arafat. Esa organización operó de manera aglutinante e incluyente. Así, al interior de ella existieron distintas manifestaciones e ideas en contra del colonialismo israelí en suelo palestino.

Aunado a lo anterior, es pertinente mencionar que la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) surgió a instancias del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, y su agenda estaba supeditada a la de los distintos Estados árabes, los cuales incluso llegaron a considerar su presencia como un factor de inestabilidad.

Sin embargo, lo anterior cambió cuando después de la derrota de los ejércitos árabes en la guerra de 1967 y el debilitamiento del panarabismo, Arafat tomó las riendas de la Organización con una estrategia independiente y al margen de cualquier gobierno árabe, estableciendo su propia agenda y tácticas en contra de la ocupación israelí en Palestina.

En el argumento anterior coincide Helena Cobban, para quien dicha organización se convirtió en la cara y modelo de la resistencia palestina en contra de la ocupación israelí, pero también debido a ciertas prácticas y procesos en su interior es que otros grupos palestinos entraron en escena como actores activos en contra del colonialismo israelí en Palestina.

Cobban señala que

Los dos años siguientes, a la derrota que sufrieron los Estados árabes, en junio de 1967, constituyeron un periodo decisivo para el movimiento nacionalista palestino. Fue el periodo en que la idea de la acción de la guerrilla palestina independiente encontró una ola de apoyo proveniente de comunidades palestinas y no palestinas de todo el mundo árabe y fue cuando los padres de esa idea, los líderes de Fatah, fueron capaces de avanzar a la condición cuasi oficial de controladores de la OLP. (Cobban, 1989: 299).

En la misma línea, Jamil Hilal señala que

Durante mucho tiempo la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) representó un marco de unidad nacional entre todos los grupos de resistencia.

La Carta Nacional de dicha organización estableció un programa entre las distintas facciones existentes en el escenario palestino, sin embargo, al margen de la unidad y el consenso, cada grupo o facción tenía el derecho de presentar sus ideas y proyectos sobre los puntos más relevantes de la lucha en contra del Estado de Israel. (Hilal, 2016: 65).

Sin embargo, la falta de cohesión en las distintas agendas de estos agentes políticos y la rivalidad que opone a los dos grandes representantes en el escenario palestino en la actualidad, hacen que el Estado de Israel se encuentre cómodo aplicando su política de hechos consumados y llevando al límite la fórmula de los dos Estados, argumentando siempre que no puede negociar con un gobierno dividido. A continuación, se mencionan algunos grupos palestinos en torno a la citada división.

1. Frente Popular para la Liberación de Palestina

2. Yihad Islámica

3. Frente Democrático por la Liberación de Palestina

4. Movimiento islámico dentro de la línea verde

5. Frente Democrático para la Paz y la Igualdad (HADASH)

6. Conglomerado Patriótico Democrático

7. Partido del Pueblo Palestino (Partido Comunista Palestino)

8. Las Vanguardias de la Guerra Popular de Liberación (SAIQA)

9. Iniciativa Nacional Palestina (Mubadara)

10. La Tercera Vía

Tomando en cuenta lo anterior, argumentamos que en Palestina no hay un proyecto de nación unificado en aras de poner fin a la ocupación israelí. Los actuales acuerdos de unidad que prevalecen entre Hamás y Al-Fatah parecen endebles, a pesar del mayor margen de que se dotó a la Autoridad Palestina en territorio gazatí.

En tiempos en que los hechos consumados han diezmado la causa palestina, surgen nuevas variables de análisis. La creación de un Estado de carácter binacional, que aunque no es una noción nueva en el escenario palestino/israelí, ha tomado fuerza.

Dos proyectos de nación, uno laico y otro secular, dos proyectos que poseen intereses propios, fruto de la burocratización y politización en que cae todo grupo de resistencia. Sin embargo, la brújula que debiese guiar todo esfuerzo de ambos bandos es poner fin a la ocupación israelí en Palestina.

Pero más allá de lograrlo, la politización y constantes desacuerdos con Tel-Aviv hacen que las condiciones de vida de los palestinos empeoren día a día, generando una escalada en la violencia y dejando un caldo de cultivo para un nuevo levantamiento popular en aras de poner fin a décadas y décadas de estragos que la ocupación ha causado en la cotidianeidad palestina.

Más allá de todo lo anterior, el problema estriba en la asimetría de las partes. Por un lado, un Estado segregacionista, apoyado militar y económicamente por Estados Unidos, que desde su creación en 1948 posee el carácter de «potencia ocupante», y del otro una serie de grupos políticos que se encuentran enfrascados en divisiones internas y que no conforman una entidad política de carácter estatal.

Desde la narrativa israelí, la única democracia en Medio Oriente no puede negociar con un gobierno palestino dividido; de igual manera, siempre se ha negado a negociar de manera directa con Hamás al considerarlo como un ente terrorista, incluso a pesar de que dicho movimiento ya fue borrado de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea (ULE) tras un fallo del tribunal general de dicho organismo supranacional en 2014.

Paradójicamente, Israel ha negociado de manera directa con Hamás, toda vez que negoció la liberación de más de mil presos palestinos a cambio de la libertad del soldado en cautiverio, Gilat Schalit, en octubre de 2011.

En diplomacia, la forma es fondo y la negociación entre Hamás e Israel marcó un precedente en términos de la crítica de todas las víctimas de «terrorismo palestino» y la ultraderecha israelí, quienes consideraron como una traición negociar con los islamistas. A lo que se quiere llegar con lo anterior es que siempre que se forma un gobierno de unidad palestina, Israel pareciera entorpecer el proceso, generar estragos en los territorios ocupados y sobre todo coyunturalmente atacar a la Franja de Gaza, situación que refuerza el papel político de Hamás y pone en tela de juicio todo acuerdo logrado con su rival político Al-Fatah.

Es un hecho que no se debe romantizar o victimizar la causa palestina. Hay que defender el legítimo derecho de un pueblo a su autodeterminación, mediante una serie de argumentos que se sustentan en la historia de despojo y abusos, primero por el Movimiento Sionista Internacional en colaboración con la Gran Bretaña y luego por el Estado de Israel, que como se ha analizado ha violentado cualquier cantidad de resoluciones de Naciones Unidas y otros organismos supranacionales y continúa expandiendo sus fronteras, y bajo su política de hechos consumados ha caído en la perpetuación del conflicto que le beneficia en términos económicos y de estrategia a corto, mediano y largo plazo.

Debido a lo anterior es que, si bien se han mencionado los obstáculos para la solución de dos Estados desde una perspectiva del daño israelí a la misma, para efectos del punto de la división intrapalestina, Israel es juez y parte del problema, al no propiciar un gobierno de unidad palestino en igualdad de circunstancias y al no poner elementos necesarios sobre la mesa de negociación para lograr un acuerdo duradero, cuyo objetivo primario debiese ser poner fin a la ocupación.

Ese Estado binacional ya existe de facto, mas no de iure; es un Estado de apartheid en el que se ha confinado a la población palestina a vivir cantonizada entre puestos de control israelíes, con una potencia ocupante que no cede un ápice de terreno ante sus actitudes expansionistas. Mientras tanto, la fórmula de dos Estados corre serio riesgo si el Estado de Israel no pone un freno a las dinámicas y prácticas que lo han caracterizado desde que ocupó los territorios palestinos en el año de 1967. Al respecto, menciona Ignacio Álvarez-Ossorio que

Después de casi 50 años de ocupación israelí, el tiempo para la solución de los dos Estados se agota puesto que la ampliación de los asentamientos en Cisjordania y la judaización de Jerusalén Este pone en peligro la continuidad territorial del eventual Estado palestino. De no alcanzarse un acuerdo en el corto plazo la política de hechos consumados lo impedirá en el futuro. (Álvarez-Ossorio, 2015: 5).

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Sudán: militarismo y transición política

Rubén A. Peña Carmona

Introducción

El interés del presente artículo se centra en reflexionar sobre la transición política y los obstáculos para la consolidación de la misma en Sudán tras el derrocamiento de Omar al-Bashir. El exmandatario sudanés fue depuesto por un Consejo Militar conformado a raíz de las protestas populares que estallaron en el país a finales de 2018. Los manifestantes salieron a las calles de las principales ciudades para protestar por el alza de los precios de los alimentos; conforme se fueron desarrollando las protestas, el objetivo se centró en la renuncia de Omar al-Bashir, quien había sido presidente desde el año 1989, cuando llegó al poder a través de un golpe de Estado.

En el gobierno de Omar al-Bashir se consolidó un régimen centralizado en su persona, represivo con pocas o nulas libertades políticas, militarizado y sustentado en tres pilares institucionales: los militares, el Frente Nacional Islámico y posteriormente el Partido del Congreso Nacional, y el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional. Fue a través de éstos y de las redes clientelares que se tejieron al interior de los mismos que al-Bashir se mantuvo en el poder durante más de tres décadas.

Para tener una perspectiva histórica de la transición política y los obstáculos en Sudán, es pertinente analizar el régimen de al-Bashir, ya que en su gobierno se consolidó el Estado sudanés actual. El régimen se puede dividir en tres etapas caracterizadas por sus propias dinámicas de negociación de la estatalidad en contextos (nacionales e internacionales) particulares. La primera etapa abarcaría la década de los noventa; en este periodo el régimen echó andar el proyecto de islamización del país encabezado por el Frente Nacional Islámico y también se militarizó el Estado, debido al contexto nacional que enfrentaba el gobierno: la segunda guerra civil sudanesa (1983-2005). El conflicto con la guerrilla del sur, el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLM/A), fue uno de los más largos y violentos del continente.

La segunda etapa en el régimen fue caracterizada por la ruptura política entre al-Bashir y Hassan al-Turabi, líder y fundador del Frente Nacional Islámico. Esta etapa puede identificarse desde 1999 hasta la primera década del siglo XXI. La ruptura obligó a una reestructuración en el gobierno; se creó un partido del Estado dirigido por al-Bashir, el Partido del Congreso Nacional. Los servicios de inteligencia, grupos paramilitares y los militares fueron centrales para sostener al régimen y reprimir a la creciente oposición política; hacia el exterior, el gobierno empezó a cooperar con Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo e inició el proceso de paz para terminar con el conflicto en el sur. En este periodo también llega a su clímax el conflicto en Darfur, los medios de comunicación internacionales difunden las atrocidades cometidas por el régimen y con ello las críticas de la comunidad internacional se centraron en Sudán y en el régimen. La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto en contra de Omar al-Bashir por crímenes de guerra y genocidio en Darfur. Esto tendría consecuencias internas y externas para el gobierno.

La última etapa, la decadencia del régimen, puede identificarse desde el año 2010 hasta el derrocamiento de al-Bahir en abril de 2019. Este periodo estuvo marcado por un evidente descontento sociopolítico generalizado y una crisis económica. A escala internacional, la presión crecía a consecuencia de las ordenes emitidas por la CPI y la crisis humanitaria en Darfur; a nivel interno, la oposición política crecía, los conflictos armados en las distintas regiones continuaron (Darfur, las montañas Nuba, en la región Beja). Finalmente, el descontento social y la crisis económica llevaron al pueblo sudanés a las calles a protestar y exigir la renuncia del presidente al-Bashir.

En el sentido mencionado, de tener una perspectiva histórica de la transición política en Sudán, el artículo está dividido en cinco apartados. En el primer apartado, «Segunda Guerra civil y la militarización de Sudán», se aborda la primera etapa del régimen, la consolidación del gobierno y la militarización del Estado durante los años de la guerra civil sudanesa; en el segundo apartado, «El régimen sudanés y el Frente Nacional islámico», se aborda la consolidación del FNI como fuerza movilizadora del régimen, las consecuencias de la ruptura entre al-Bashir y al-Turabi y la reestructuración del régimen. En el tercer apartado, «El régimen a comienzos del siglo XXII», se aborda la segunda etapa del gobierno de al-Bashir, en la cual es evidente la centralización del poder en el presidente, la consolidación de la élite militar, de los políticos del Partido del Congreso Nacional (PCN) y del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional, con la consecuente pérdida de legitimidad del régimen y la creciente oposición política. En el cuarto apartado, «Los olvidados vuelven a tomar las calles», se hace un breve recuento de la etapa de decadencia del gobierno de al-Bashir. El apartado se centra en las protestas populares que estallaron en diciembre de 2018 y finalmente terminaron con el gobierno de Omar al-Bashir. En el apartado, «Obstáculos a la transición política en Sudán», se hace un esfuerzo por identificar los principales obstáculos internos y regionales para la consolidación de una transición política en el país. Por último, se identifican algunos signos positivos hacia la transición política.

Mapa 1. Ubicación regional de Sudán

Fuente: https://www.britannica.com/place/Sudan.

Segunda Guerra Civil y la militarización de Sudán

Para comprender la naturaleza del régimen de Omar al-Bashir, se debe considerar cómo éste llegó al poder y los contextos (nacional, regional e internacional) en el periodo en que se desarrolló su gobierno (1989-2019). La Segunda Guerra Civil en Sudán estalló en 1983. Durante los primeros años de conflicto no se había llegado a ningún acercamiento entre las partes para un acuerdo de paz. Sin embargo, en 1989 el gobierno de Sadiq al-Mahdi mostró disposición para negociar la paz con la guerrilla del sur; esto no fue bien aceptado por algunas facciones de militares que creían poder terminar con el conflicto a través de las armas. Esta fue una de las causas que motivó el golpe de Estado efectuado por un grupo de oficiales encabezado por Omar al-Bashir con apoyo del Frente Nacional Islámico (flni) en junio de 1989.

El periodo entre la firma de los Acuerdos de Addis Ababa de 1972 y la disolución del Gobierno Regional del Sur (Southern Regional Goverment) en 1983 normalmente es descrito como una etapa de paz; en realidad, se desarrollaron numerosos incidentes de insurgencia en la región sur durante esos años. La segunda guerra civil (19832005) no fue un levantamiento aislado, ni tampoco instantáneo; es más acertado apuntar que fue el resultado de un cúmulo de diversos factores regionales, nacionales e internacionales.

La crisis económica que atravesaba el país influyó en el estallido del conflicto. La dependencia económica respecto a Estados Unidos se acentuó; Sudán se convirtió en el principal destino subsahariano de la ayuda externa proveniente del USAID. Los recortes presupuestales y la privatización de empresas nacionales, medidas impuestas por Estados Unidos y el FMI, tuvieron un impacto en los recursos económicos que serían destinados a la región sur. En consecuencia, la ayuda externa se convirtió en la principal fuente de ingresos del Gobierno Regional (Johnson,2003: 44).

Otro factor a considerar fue la integración de los guerrilleros a las fuerzas armadas sudanesas. Entre los combatientes ex Anya Nya hubo quienes no estuvieron dispuestos a aceptar la paulatina absorción. Por otro lado, los que estuvieron de acuerdo con la integración deseaban mantener las unidades bajo las cuales combatieron en la guerra civil. Entre los que fueron integrados hubo inconformidad debido a los bajos rangos que se les otorgaron, ya que la mayoría de los combatientes, a pesar de la experiencia en el campo de batalla, carecían de formación académica. La integración estuvo bajo el control del gobierno central de Jartum. Dicho proceso se caracterizó por incidentes violentos, los excombatientes desconfiaban de un ejército dominado por soldados provenientes del norte, además de la inconformidad respecto a ser transferidos de su región de origen y la difícil relación entre soldados del norte y del sur después de años de confrontación durante la guerra civil. Por otro lado, los combatientes que se rehusaron a ser integrados y que se mantuvieron en el exilio, principalmente en Etiopía, fueron importantes en la reactivación de las actividades insurgentes (Johnson, 2003: 40).

Las acciones políticas del presidente Numeiry terminaron por colapsar la tensa situación en la región. En mayo de 1983, Numeiry decidió redefinir las fronteras del sur y dividió el territorio en tres regiones; en septiembre del mismo año impuso la sharia para todo el país. El acuerdo de Addis Ababa de 1972 quedó abrogado con la disolución del Gobierno Regional del Sur. El resultado de estas acciones fue la escalada de la violencia en los enfrentamientos armados entre las fuerzas armadas del gobierno y las guerrillas sureñas. Estos hechos marcaron el estallido de la segunda guerra civil en 1983.

El Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLM/A) representó la principal fuerza político-militar durante la segunda guerra civil sudanesa. A pesar de la división ideológica al interior y del rompimiento de facciones desde principios de la década de los noventa, John Garang fue capaz de adaptar las estrategias y los discursos del SPLM/A a los distintos contextos que se presentaron a lo largo del conflicto; así mantuvo el control del Movimiento. En gran medida, ese logro obedeció, y que lo diferenció de otros grupos armados, a las estrategias de nacionalizar e internacionalizar la problemática del sur. Presentó de una manera coherente y vinculante la «cuestión del sur», a través de redefinirla en «el problema del Sudán». Esto lo vinculó con las agendas políticas de otros grupos armados de otras regiones como Darfur, Montañas Nuba y la región Beja, incluso con las fuerzas políticas de Jartum que estaban en oposición al gobierno central.

La segunda guerra civil en Sudán se diferenció del conflicto anterior (1955-1972) no sólo por el objetivo inicial establecido por el SLPM/A de reformar el Sudán y por el resultado del proceso de paz que culminó en la independencia del sur en 2011, sino también por la capacidad militar del SPLM/A y la militarización del Gobierno de Sudán, con la consecuente escalada de violencia que se vivió en el país durante los años del conflicto.

El uso de milicias paramilitares para combatir al SPLM/A fue una estrategia que utilizaron los diferentes gobiernos sudaneses. Durante el gobierno de Numeiry, ésta estuvo acompañada de un repertorio «tribalista»; los frecuentes enfrentamientos entre grupos armados sureños permitió al gobierno de Numeiry argumentar que el conflicto en el sur era de carácter tribal entre grupos de la región. Desde la llegada de al-Mahdi al poder en abril de 1986, el uso de fuerzas paramilitares se intensificó. Al-Mahdi creó la Fuerzas de Defensa Popular, integradas principalmente por hombres Misseriya y Rizaiqat de las áreas colindantes en el sur. Con la llegada de Omar al-Bashir al poder se intensificaron los enfrentamientos armados entre los grupos en el sur, debido al financiamiento tanto a fuerzas paramilitares como a la facción Nasir del SPLM/A.

La militarización estuvo acompañada de un repertorio islámico difundido por Frente Nacional Islámico (FNI) de Hassan al-Turabi. Las alianzas que se establecieron entre el gobierno de al-Bashir y grupos armados del sur fueron inestables debido al pragmatismo, resultado de la ausencia de objetivos políticos claros y de largo plazo. Al-Bashir se centró en fomentar el faccionalismo en el sur a través del financiamiento militar. Estas acciones se materializaron en la estrategia «Paz desde adentro» (Peace From Within), enfocada en debilitar al SPLM/A mediante un solo grupo que aglomeró a todas las guerrillas sureñas.

En respuesta a las estrategias del gobierno, se conformó la Alianza Democrática Nacional (ADN). La ADN aglomeró a las principales organizaciones políticas de oposición del norte como el Partido Unionista Democrático (DUP) y el Partido UMMA; a diferencia de otras coaliciones opositoras, ésta integró a los grupos rebeldes del sur, entre ellos el SPLM/A y la facción Nasir, además de grupos opositores de Darfur, Kordofán del sur y la región de las montañas Nuba. El objetivo principal de la ADN era sacar del poder a Omar al-Bashir y terminar con la guerra en el sur.

La creación de la ADN representó un frente de oposición al gobierno de Omar al-Bashir. La alianza con los partidos políticos del norte fue central en la lucha del SPML/A contra Jartum; el repertorio reformador encajaba con la agenda de grupos políticos en el norte. Si bien estos grupos eran militarmente limitados respecto al SPLM/A; éstos tenían una organización y acción política más desarrollada. El SPLM/A y las facciones armadas del norte crearon las Fuerzas Aliadas de Sudán (Sudan Alliance Forces), que constituyó el brazo armado de la NDA. A través de esta coalición militar, el SPLM/A expandió su presencia militar en el norte debido a que su participación armada fue más activa respecto a los grupos armados que representaban a las organizaciones del norte.

El hallazgo de reservas de petróleo y la posterior exportación de crudo impactaron en la balanza de poder militar entre el Gobierno de Sudán (GoS) y el SPLM/A a finales de los años noventa. Con las ganancias obtenidas de la venta de petróleo, el gobierno en Jartum tuvo la posibilidad de modernizas sus fuerzas armadas mediante la compra de armamento principalmente en Europa del Este y Asia; asimismo, tuvo la capacidad de invertir en la industria armamentista para iniciar la producción de armamento en territorio sudanés. Desde 1997, el gobierno de Jartum inició la modernización de sus fuerzas armadas gracias a los ingresos que generó el sector petrolero. Con un mejor equipo en sus fuerzas armadas, la balanza de poder militar se inclinó a favor del gobierno de Jartum. El equipo militar adquirido para modernizar las fuerzas armadas provino principalmente de China, Polonia y Rusia. La relación con China y Rusia no se limitó a la venta de armamento; éstos dos países han proporcionado apoyo técnico para la producción de armamento en territorio sudanés (Lewis, 2004: 7).

El vínculo entre armamento y petróleo es estrecho en Sudán. Rusia y China, además de ser de los principales socios comerciales en armamento, también son de los países que más han invertido en la industria petrolera de Sudán. Las inversiones chinas y rusas van desde la exploración hasta el desarrollo de infraestructura. La Compañía de Operación de Petróleo del Gran Nilo (Greater Nile Petroleum Operating Company Limited, GNPOC) es la empresa que dirige la industria petrolera en Sudán. La Compañía es un conglomerado de empresas creado en junio de 1997; la propiedad de la empresa pertenece a cuatro compañías: CNPC de China (40%), PETRONAS de Malasia (30%), ONGC de India (25%) y SUDAPET de Sudán (5%). El porcentaje de participación china en GNPOC es un reflejo de la magnitud de la inversión del país asiático en la industria petrolera de Sudán. La relación directa entre armamento e inversión en el sector petróleo se puede observar en la siguiente gráfica:

Estados Unidos tiene una larga historia de intereses estratégicos en Sudán. Las compañías petroleras estadounidenses fueron de las primeras en hacer exploración en el país y los gobiernos en Washington se han involucrado en los conflictos internos, cambiando sus alianzas respecto a sus intereses y el contexto interno e internacional. En los años setenta, Sudan fue el principal receptor de ayuda extranjera estadounidense en África, ayuda dirigida a proyectos tanto militares como de desarrollo. En los años ochenta, Estados Unidos fue opositor del SPLM/A debido a la relación con el gobierno comunista etíope del Derg. Sin embargo, con el fin de la Guerra Fría, el ascenso al poder del Frente Nacional Islámico (1989) y su programa para imponer una agenda islamista en el país, Estados Unidos retiró todo el apoyo a Jartum. Las relaciones entre los gobiernos se tensaron aún más debido al apoyo que el FNI dio a Osama bin Laden.

Gráfica 1

Fuente: Human Right First. https://www.humanrightsfirst.org/wp-content/uploads/pdf/080311-cah-arms-sales-fact-sheet.pdf (consulta, agosto de 2020).

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la consecuente lucha contra el terrorismo fueron un catalizador del proceso de paz en Sudán. La cooperación entre Jartum y la Central de Inteligencia de Estados Unidos inició desde el año 2000, pero después de los atentados Sudán entregó informes que había negado tener; el intercambio de información fue más dinámico y el tema del terrorismo marcó la agenda bilateral. La estrategia de Estados Unidos durante el proceso de paz se puede describir como «el garrote y la zanahoria». Al final del proceso de paz y consumada la independencia del sur, los líderes del Partido del Congreso Nacional se sintieron traicionados, ya que los representantes estadounidenses constantemente aumentaban los requisitos y «amenazas», aplazando el cumplimiento de sus promesas. Estados Unidos se comprometió a cancelar la deuda sudanesa, incentivar la economía y quitar a Sudán de la lista de países que apoyan el terrorismo. El acuerdo de paz fue firmado entre el Gobierno de Sudán y el SPLM/A, y las promesas estadounidenses no se concretaron.

Los líderes políticos sudaneses del PNC (National Congress Party) aseguraron que los intereses de Estados Unidos no consistían en finalizar el conflicto, sino en derrocar al gobierno de al-Bashir. Sin embargo, ha sido evidente que los discursos anti estadounidense en realidad han sido utilizados como repertorios políticos al interior del país, ya que el gobierno en Jartum ha buscado constantemente mayor acercamiento económico y político, colaborando de cerca con el gobierno estadounidense, sobre todo después del 11S. Como lo aseguran LeRiche y Arnol (2013: 207-8), la colaboración del PCN con Estados Unidos ha sido moneda de cambio para mantener a salvo al régimen, evitando las críticas sobre asuntos internos, sobre todo después de la escalada de violencia en Darfur en los años 2003-2004.

El régimen sudanés y el Frente Nacional Islámico

El Frente Nacional Islámico (FNI) surgió de los grupos de estudiantes musulmanes sudaneses que comenzaron a organizarse en las universidades en la década de los cuarenta, conocidos como Hermandad Musulmana. El FNI fue una organización política islamista fundada por Hassan al-Turabi en 1976, principal líder e ideólogo. Al-Turabi y el fnI

comenzaron a ganar influencia en el las altas esferas del gobierno en 1979; en las elecciones de 1986 se consolidó como la tercera fuerza política de oposición en el parlamento y, finalmente, se convirtió en el pilar ideológico del régimen de al-Bashir (Holton y Daly, 2011: 148).

La estrategia del FNI fue de «islamización desde arriba», ganando espacio en el aparato estatal, el ejército y el sistema financiero de Sudán. Durante la década de los noventa, el FNI fue políticamente dominante y represivo, en particular con los grupos políticos opositores en Jartum, y más violento en el conflicto en la región sur y en Darfur. También participó de las denominadas proxy wars regionales apoyando a guerrillas, como el Ejército de Resistencia del Señor de Uganda y movimientos separatistas en Etiopía.

Durante la década de los noventa, el FNI fue la fuerza movilizadora detrás del régimen y se reflejó en las acciones emprendidas a nivel interno. El gobierno constantemente buscó disolver cualquier indicio de conspiración y oposición política. Oficiales y políticos fueron arrestados, algunos sentenciados y ejecutados. Tribunales militares reemplazaron cortes civiles. Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han documentado torturas, muertes bajo sospechosas circunstancias de opositores políticos, detenciones, desapariciones forzadas e, incluso, ejecuciones sin juicio alguno. El ejercito fue purgado y cientos de civiles en todo el espectro político del país fueron arrestados. El personal académico de la Universidad de Jartum también fue purgado. Los órganos extraoficiales del gobierno incrementaron la represión, se crearon grupos paramilitares para proteger al aparato estatal y combatir a las guerrillas[1] (Holt y Daly, 2011: 148).

El Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional (SISN) se consolidó como el órgano encargado de vigilar y controlar cualquier indicio de oposición o conspiración política. Se creó una serie de «casas fantasmas», edificios secretos donde se lleva a cabo la interrogación y tortura (Natsios, 2012). Estos lugares siguen funcionando a la fecha (agosto de 2020); se ha documentado que durante las protestas de 2019 decenas de manifestantes fueron detenidos y llevados a estos lugares para ser interrogados y torturados (Strick, 2019).

Conforme se consolidaba el régimen, el poder político de Hasan al-Turabi se fortaleció. A finales de los noventa, con telón de fondo la presión de Estados Unidos poniendo a Sudán en la lista de Estados que apoyan el terrorismo, la relación entre al-Turabi y al-Bashir se complejizó por la lucha de poder interno. Omar al-Bashir estableció el Partido del Congreso Nacional (PNC) como el partido político oficial del gobierno; éste estuvo conformado por los miembros de las organizaciones predecesoras, el FNI y el Consejo Militar. Los integrantes del partido rápidamente llegaron a dominar toda la asamblea. Sin embargo, después de que Hasan al-Turabi, como presidente de la Asamblea, presentó un proyecto de ley para reducir los poderes del presidente,[2] Omar al-Bashir resolvió disolver la Asamblea y declarar el estado de emergencia. En ese momento fue evidente la ruptura interna en el PCN.

Hasan al-Turabi fue suspendido como presidente del partido después de que instó a boicotear la campaña de reelección del presidente. Se formó una facción dividida liderada por al-Turabi, el Partido Popular del Congreso Nacional (PPCN), que pasó a llamarse Partido Popular del Congreso (PPC).[3] En adelante, la relación entre al-Turabi y el gobierno fue de oposición abierta, se le relacionó con la guerrilla de Darfur, el Movimiento por la Justicia e Igualdad, y acusado de conspirar para derrocar a al-Bashir.

El régimen sudanés a comienzos del siglo XXI

La segunda década del gobierno de al-Bashir fue marcada por tres temas cruciales: el proceso de paz en el sur de Sudán y la firma del CPA, que dio por terminado uno de los conflictos más largos y violentos del continente: el conflicto en Darfur, la escalada de violencia y la consecuente crisis humanitaria que alarmó a la comunidad internacional y puso en riesgo al régimen debido a la presión internacional y la falta de legitimidad política derivada de la inconformidad social provocada por la crisis económica y política (Holt y Daly, 2011: 161).

La ruptura interna entre Omar al-Bashir y el FNI resultó en la reestructuración apresurada de un nuevo régimen sin una base ideológica y fue evidente que la era pos Al-Turabi iba a estar dominada por diversas facciones rivalizando por el poder, presididas por al-Bashir. La competencia entre las distintas facciones en los órganos de gobierno por el poder y la influencia sobre el régimen y el Estado intentaron constantemente destituir a al-Bashir del poder estatal, en particular el Partido Popular del Congreso, liderado por al-Turabi.

En esta nueva etapa, el gobierno se sustentó en alianzas entre militares, políticos del PCN, agentes de seguridad del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional y remanentes del FNI, entre los que se destaca Ali Taha, quien había sido cercano a al-Turabi, y que tuvo un cambio de posición de un determinado islamista a un político islamista pragmático, ocupó el cargo de primer vicepresidente en varias ocasiones y fue el representante del gobierno en el proceso de paz con el SPLM/A que llevó a la firma del CPA en 2005.

Omar al-Bashir concentró el poder estatal durante las últimas dos décadas de su gobierno, manejó completamente el partido gobernante, que por consiguiente se convirtió en el partido del Estado. La élite gobernante en Sudán se puede identificar en tres pilares de poder con un amplio espectro político incluso con posiciones opuestas: la élite política del Partido del Congreso Nacional, los militares y los agentes de seguridad del SISN.

El Sistema de Inteligencia y Seguridad Nacional (SISN) fue el principal órgano de control y represión del gobierno sudanés en las últimas dos décadas del régimen al-Bashir. Se han documentado las brutales detenciones ilegales, tortura, violencia física y mental contra los opositores y críticos del gobierno (Amnistía Internacional, 2010). En ese sentido, Erwin Van der Borght, director del programa para África de Amnistía Internacional, expresó:

El NISS [por sus siglas en inglés] controla Sudán mediante el temor. Las agresiones diversas y generalizadas que la población sudanesa sufre a manos de los servicios de seguridad mantienen a quienes critican al gobierno en un temor constante de sufrir detención, acoso o algo peor (Amnistía Internacional, 2010).

El SISN estuvo dirigido por Salah Gosh, clave en los servicios de seguridad e inteligencia y asesor de Seguridad del presidente al-Bashir desde 2009. Salah Gosh fue elemento central en la relación entre el gobierno de Sudán y Osama bin Laden en los años noventa. También se le responsabilizó de los crímenes de guerra cometidos en Darfur desde el año 2003. Salah fue señalado por el arresto de manifestantes, activistas y líderes opositores en medio de las protestas (2019) que pedían la renuncia de al-Bashir, y se le responsabilizó del asesinato de quienes exigían el fin del gobierno militar (Meza, 2019).

La élite militar quizá sea la más compleja debido a las facciones que se pudieron observar al interior en los sucesivos intentos de golpe de Estado, pero también se debe resaltar que la élite militar es el pilar más fortalecido de los tres en el Estado sudanés, lo cual ha sido evidente desde la destitución de al-Bashir, ejerciendo un rol de supervisor de la transición política en el país.

Estos tres grupos son los pilares del poder en el Sudán. La competencia entre estos ha creado su propia dinámica, convirtiendo las relaciones de poder en una especie de dominación sin liderazgo ideológico, posicionando a al-Bashir en la entidad política central que gestionó los contrapesos entre estos pilares. Al interior de cada grupo se desarrollaron redes clientelares que sustentaban las lealtades fortaleciendo sus posiciones; cada uno construyó al interior una élite más pequeña con total lealtad basada en las relaciones de familia o grupo étnico (Salih, 2015: 91-95).

A pesar de las dinámicas de poder entre las élites señaladas, éstas se mantuvieron cohesionadas debido al peligro latente de perder el poder del Estado. La oposición política en Jartum y los grupos armados de otras regiones representan un riesgo para las élites en el gobierno. De esa forma, aseguraron su posición e influencia dentro del régimen frente a los grupos armados que continuaron su lucha contra el gobierno, como las guerrillas en Darfur, el SPLM/A-N, los grupos en la región Beja y los partidos políticos opositores y organizaciones civiles en Jartum.

Los olvidados vuelven a tomar las calles

La última etapa del régimen (2010-19) estuvo marcada por una acentuada crisis política interna y la consecuente represión de cualquier manifestación de oposición política, el descontento social causado por la acentuada crisis económica, el empobrecimiento de la población y el aumento en los precios de los alimentos y la presión internacional, resultado de las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional.

La crisis política interna se agudizó conforme se terminaba el periodo interino (2005-2011) estipulado en el CPA que terminó con el conflicto en el sur. Hubo muchas dudas respecto a si el gobierno aceptaría la celebración de un referéndum de independencia para el sur; más aún, si se aceptaría el resultado del mismo. Paralelamente, rebeliones continuaban sus actividades en otras regiones del país: en las Montañas Nuba, entre los grupos Beja en la región del Mar Rojo, en Nilo Azul, y por supuesto en Darfur. En Jartum, la oposición política hacía lo suyo para presionar al gobierno, en especial los partidos políticos tradicionales de la escena política sudanesa, el Partido UMMA, el Partido Popular del Congreso y el SPLM.

La estrategia de Omar al-Bashir para sortear el desafiante contexto interno fue llamar a elecciones multipartidistas generales para abril de 2010, las primeras celebradas bajo su gobierno.[4] Los comicios se llevaron a cabo en un ambiente de oposición política generalizada; los partidos opositores se aglomeraron en la Fuerza de Consenso Nacional (National Consensus Forces) y trataron de boicotear y retrasar las elecciones. Los líderes argumentaron que los comicios no serían libres ni confiables, 4 Las anteriores elecciones multipartidistas en Sudán se llevaron a cabo en 1986.y sólo se trataba de una cuartada de al-Bashir para legitimar su régimen (Al-jazeera, 2010). El resultado de las elecciones confirmó como presidente a Omar al-Bashir, candidato del Partido del Congreso Nacional.

Las revueltas populares en el norte de África de finales del año 2010 y principios del 2011 influyeron en la posición del gobierno de al-Bashir respecto al referéndum de independencia para el sur de Sudán y también en acciones de política interna para contener a la oposición política. A pesar del contexto de presión política interna y de los desafíos económicos, el régimen se mantuvo y pudo sortear el clima de descontento popular en el mundo árabe.

Al-Bashir utilizó la aceptación del resultado del referéndum de independencia de la región sur como una señal de cambio en la situación política del país y el comienzo de una nueva era en Sudán. Esto explica, en gran medida, que las revueltas populares (2011) no hayan calado hondo en Sudán, uno de los países de la región con serios problemas internos: conflictos armados en distintas regiones, falta de legitimidad política y crisis económica.

En 2013, estallaron protestas contra un aumento de más del 60% en el precio de los combustibles. El aumento fue el resultado de la incapacidad de llegar a un acuerdo sobre la explotación del petróleo y las consecuentes confrontaciones políticas entre los gobiernos de Sudán y el recién independizado Sudán del Sur, que llevaron a la paralización del sector petrolero durante el primer semestre del año 2012. El gobierno de Sudán respondió a las protestas con una represión policial.

Después de echar a andar su reforma y con golpes de represión para asegurarse en el poder, Omar al- Bashir fue reelegido por cinco años más en 2015, con más del 94% de los votos en una elección boicoteada por la oposición. Sin embargo, tres años después, el plan de austeridad ordenado por el FMI causó una crisis económica que sería el punto final del régimen de al-Bashir.

En diciembre de 2018 nuevamente el pueblo sudanés salió a las calles para manifestar su descontento con la situación económica. En esta ocasión, las protestas iniciaron en la provincia de Atbara, en el norte del país, a consecuencia del alza en los precios de los alimentos, en particular el encarecimiento del pan. Las manifestaciones rápidamente se esparcieron a otras provincias y ciudades de Sudán, entre éstas la capital, Jartum. Conforme se intensificaron las protestas, las demandas también cambiaron; al inició los discursos demandaban un cambio en la agenda económica para reducir los precios de los alimentos. Sin embargo, no tardaron en enfocarse en la destitución del presidente.

Las protestas populares continuaron en las calles en los primeros meses del año 2019, se fortalecieron por el número de seguidores y también ganaron organización. El gobierno respondió de nuevo con represión. Se registraron varios muertos durante los meses de las protestas; hay documentos que sugieren que los detenidos fueron golpeados y torturados por la policía sudanesa (Strick, 2019). El expresidente declaró Estado de emergencia en el país el 22 de febrero de 2019, sustituyó a gobernadores y ministros por militares; este movimiento estratégico obedeció no sólo al fortalecimiento de las protestas, sino también a una lucha interna por el poder político entre la élite sudanesa: los militares, Partido del Congreso Nacional y el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional (De Waal, 2019: 1).

La revuelta popular se fortaleció en las principales ciudades. A los manifestantes se unieron partidos políticos de oposición, asociaciones civiles, incluso facciones islamistas que en algún momento fueron aliados de al-Bashir. Los manifestantes y la aglomeración de opositores demandaron al entonces presidente transferir el poder a un «Consejo Soberano» para organizar un proceso democrático con celebración de elecciones. La demanda de los manifestantes y los opositores era muy clara: la destitución del presidente. «Este gobierno no tiene la capacidad de salir de la crisis económica porque la crisis es básicamente una crisis política»: Mubarak Elfadel, presidente del Partido Umma (Al Jazeera, 2019a).

En esos meses previos a la destitución no había un objetivo o agenda respecto a una transición política. El mensaje y objetivo de las protestas era solo la destitución de al-Bashir y no un cambio en el régimen: «Estamos listos para dialogar con el ejército, pero no con al-Bashir» (de Waal, 2019: 1). En este sentido, el ejército sudanés jugó un papel similar al del ejército egipcio en las revueltas populares de 2011 (Abundis y Peña, 2018: 96); los militares trataron de evitar la violencia y confrontarse directamente con el pueblo. Ese trabajo sucio lo hicieron la policía, los grupos paramilitares y agentes del SISN. En el clímax de las protestas y los enfrentamientos con la policía, se reportó a unidades militares protegiendo a la multitud de la violencia policiaca (de Waal, 2019: 1).

Finalmente, Omar al-Bashir fue destituido y arrestado por un Consejo Militar Transitorio en abril de 2019. El Consejo Militar de Transición fue conformado por militares, y gobernaría el país por un periodo de tres años; posteriormente, se transferiría el poder a un gobierno civil a través de elecciones. Sin embargo, entre los manifestantes y la oposición política no hubo confianza en que el periodo de transición estuviera a cargo de un Consejo conformado únicamente por militares. Al respecto, Alaa Salah[5] afirmó: «Debemos esperar y ver si el Consejo Militar de Transición cumple con sus compromisos […] No lo han hecho en el pasado y mataron a los manifestantes a sangre fría» (Ismail, 2019: 2).

Las manifestaciones y las demandas en las calles sudanesas continuaron, la represión contra los manifestantes se agudizó, en particular en junio de 2019. Las negociaciones entre los manifestantes, aglomerados en la Fuerza por la Libertad y el Cambio, y los militares llevaron a la conformación de un nuevo órgano integrado por civiles y militares. Sin duda, la creación del Consejo Soberano fue una batalla ganada por el pueblo sudanés que salió a tomar las calles, demostrar su inconformidad y exigir un cambio en su país. El Consejo Soberano está integrado por cinco militares y seis civiles; se acordó que todos los ministerios estarían encabezados por civiles, a excepción del Ministerio de Defensa y del Interior. La designación de Abdalla Hamdok[6] como primer ministro también fue percibido de manera positiva entre los manifestantes y la oposición política; hay grandes expectativas en que el nuevo gobierno pueda aminorar los problemas económicos del país.

Obstáculos a la transición política en Sudán

Desafíos internos

Omar al-Bashir sustentó su poder en las fuerzas armadas y de seguridad. Desde su llegada al poder estrechó fuertes lazos de lealtad con altos mandos del ejército. Los servicios policiales y de inteligencia también representaron un pilar del poder de al-Bashir; el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional es la piedra angular de la seguridad interna del gobierno. El SISN ganó poder al interior del régimen a lo largo de dos décadas, lo que ha resultado en una lucha interna por el poder con las fuerzas armadas (De Waal, 2019).

El contexto político interno en Sudán se complejizó en los últimos años del gobierno de Omar al-Bashir; si bien el ejército sigue siendo uno de los pilares del Estado sudanés, hay varios grupos de poder armados importantes al interior del triángulo de la élite sudanesa. Existen varios grupos paramilitares con actividades de seguridad que han ganado poder en el gobierno, como la Reserva Central Policial, las Fuerzas de Apoyo Rápido (originariamente una milicia Darfuri) y la milicia islamista asociada al Partido del Congreso Nacional. Cada uno de estos actores tienen sus propios mandos y lealtades; algunas son organizaciones de seguridad privada, incluso con sus propios vínculos con actores externos. Para mencionar el caso de las Fuerzas de Apoyo Rápido, que son financiadas directamente por Arabia Saudí para desplegar tropas en Yemen. Otro caso es el de Salah Gosh, quien tiene estrechos lazos con Emiratos Árabes Unidos, y la milicia islamista con patrocinadores en Qatar (De Waal, 2019).

Uno de los temores durante la crisis política fue que el equilibrio entre todos estos grupos armados colapsara con la destitución de al-Bashir. Alex de Waal (2019) consideró que no había riesgo de llegar a un conflicto civil dado que existía cierto «pacto» entre las partes al interior y al exterior. En este artículo, además, se considera que la posibilidad de guerra civil entre estos grupos es mínima debido a la situación política nacional. Un vacío de poder en Jartum fortalecería a las milicias de otras regiones que se oponen al gobierno y las alentaría a tomar la capital; es el caso de los grupos armados en Darfur, en las Montañas Nuba, en Kordofán del Sur, en la región Beja. Por tal motivo, es muy probable que los grupos al interior de los pilares del Estado sudanés preferirán una transición pactada que no trastoque la estructura de poder en Sudán.

Dinámicas regionales

La forma de ejercer el poder de Omar al-Bashir, tanto en política interna como externa, ha moldeado las características del Estado sudanés y la percepción que la comunidad internacional tiene al respecto de su gobierno. El proyecto de islamización de Sudán, el apoyo a Osama bin Laden, la segunda guerra civil sudanesa, el conflicto en Darfur, todos se desarrollaron durante la era al-Bashir (1989-2019). La manera en que su gobierno enfrentó estos procesos ha impactado no solo en sus relaciones internas, sino sus relaciones exteriores, ya sean de confrontación o fortalecimiento de alianzas.

Con la destitución de al-Bashir ha emergido una suerte de «troika árabe», conformada por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Egipto, con influencia e intereses en Sudán. A pesar de éstos no haber respondido como al-Bashir esperaba a sus demandas de apoyo económico antes de su destitución, la «troika árabe» parece haber intensificado su compromiso en Sudán desde la destitución, en un aparente intento de influir en el resultado del periodo de transición a favor de los militares. El área de oportunidad de las potencias árabes para mantener influencia en Sudán es la necesidad económica: el país ha estado sumergido en una crisis económica durante varios años y se le han cerrado las puertas de Occidente debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos (Atta-Asamoah, 2019: 9).

Otro punto a considerar son las relaciones personales de los altos mandos militares con actores clave de la región. Abdel Fatah Burhan, que fue el jefe del Consejo Militar de Transición (CMT), y Mohamed Hamdan Hemeti, vicepresidente del CMT, mantienen sus vínculos con el bloque árabe. Han apoyado la coalición liderada por Arabia Saudí con tropas sudanesas en la guerra en Yemen. Después de la destitución de al-Bashir, Hemeti visitó Arabia y aseguró que no retiraría las tropas de Yemen, a pesar del contexto político interno en Sudán. Del mismo modo, se documentó el arribo de más de 1000 soldados sudaneses a Trípoli (julio de 2019) con el objetivo de apoyar la ofensiva del general Khalifa Haftar, en sintonía con los intereses de Egipto, Arabia y EAU en Libia (Atta-Asamoah, 2019: 10).

Los intereses de los países árabes en Sudán se deben a varios temas de carácter regional: la crisis en el Consejo de Cooperación del Golfo que ha enfrentado al bloque Arabia Saudí-EAU con Qatar, e incluso con Turquía, por su presencia en el Cuerno de África, el apoyo con tropas sudanesas en Yemen, la situación en Libia, el interés de Egipto en las aguas del Nilo y el proyecto etíope la presa del Renacimiento que podría afectar la cantidad de agua que recibe Egipto.

Por su parte, el interés de Sudán de mantener sus vínculos con las potencias árabes fue evidente desde la conformación del CMT; las primeras visitas de Abdel Fatah Burhan fueron a Arabia Saudí, Egipto y los EAU. Una clara señal de las prioridades de Política Exterior de Sudán, de las alianzas de la élite militar sudanesa, se reafirman los intereses e involucramiento de Egipto, Arabia Saudí y EAU en los asuntos internos en Sudán en la era pos al-Bashir. Las relaciones de Sudán con estos países no son recientes. Omar al-Bashir durante su gobierno trató de jugar un papel neutral y sacar ventaja de las principales alianzas en la región. Por un lado, proveyó de tropas a Arabia Saudí para combatir en Yemen; al mismo tiempo, se benefició de inversión turca y Qatari con el proyecto para restaurar el puerto de Suakin. Por su parte, los líderes militares han decidido inclinarse por una alianza con el bloque Arabia Saudí-EAU.

Otra motivación de las potencias árabes para tener presencia en Sudán es prevenir un resurgimiento de la Hermandad Musulmana en Sudán. En este sentido va su interés por mitigar el descontento social en las calles. No es deseable un escenario de «contagio popular» como en el año 2011; estos países enfrentan desafíos internos que pudieran estallar en cualquier momento. Arabia Saudi y EAU jugaron un papel similar en Egipto, apoyaron el golpe de Estado en contra del candidato de la Hermandad Musulmana electo presidente Muhammad Morsi y la designación de Abdel Fattah al-Sisi (Atta-Asamoah, 2019: 11).

De todos los países de la región, Egipto ha tenido un rol importante en la política en Sudán. Los vínculos entre los dos países y sus sociedades son históricos. Los temas de la agenda entre Egipto y Sudán son muy variados, van desde la seguridad y fronteras hasta la repartición del agua del Nilo. Actores no estatales como la Hermandad Musulmana también tienen actividades y vínculos en ambos países. Durante el gobierno de al-Bashir las relaciones tuvieron altibajos, sobre todo después del intento de asesinato del entonces presidente egipcio Hosni Mubarak en Addis Ababa, el cual fue atribuido a radicales sudaneses vinculados a la Hermandad Musulmana. Y más recientemente, por la posición sudanesa en el proyecto de la presa Renacimiento en Etiopía.

En el contexto posterior a la destitución de al-Bashir, Egipto manifestó simpatía por la revuelta popular, pero en las acciones se posicionó en favor del Consejo Militar. Fue evidente en la posición de Egipto en las negociaciones en la Unión Africana (UA), la cual condenó las acciones de los militares por considerar una violación a los principios de la organización contra los golpes de Estado. En un principio, la UA había resuelto a través de su Consejo de Seguridad que el Consejo Militar debía entregar el poder a una administración civil en un plazo de 15 días o sería suspendido de la UA. No obstante, Egipto aprovechó su calidad de presidente de la Cumbre Consultiva de Socios Regionales del 23 de abril 2019; el resultado fue un llamado a un periodo de transición de 3 meses. El CMT también envió una delegación para reunirse con el presidente de la UA, Moussa Faki; el resultado fue una extensión del plazo dado por el Consejo de Seguridad de la UA por uno adicional de dos meses después de su vencimiento el 30 de abril (Atta-Asamoah, 2019: 12).

Egipto asumió un rol central en la transición sudanesa como un actor influyente dentro de la UA. En la represión de junio contra los manifestantes por parte de las Fuerzas de Apoyo Inmediato y la consecuente suspensión de Sudán de la UA, Egipto organizó otra reunión para tratar la cuestión de Sudán en Addis Abeba el 20 de junio de 2019, en la cual se apoyó la reanudación del diálogo entre los militares y los manifestantes.

Algunos signos positivos hacia la transición política

La destitución de al-Bashir del poder es una batalla ganada por el pueblo sudanés, que ha enfrentado problemas económicos y políticos durante décadas. Uno de los primeros avances del pueblo sudanés hacia la consolidación de la transición política en el país fue lograr la conformación del Consejo Soberano integrado por civiles y militares, aunado a la a designación de Abdallah Hamdok como primer ministro. Hamdok podrá elegir a veinte miembros del gabinete exceptuando al ministro de Defensa y del Interior, puestos que son designados por los miembros militares (Al-jazeera, 2019b).

La designación de gobernadores de Estado es otro de los signos positivos del gobierno encabezado por Abdallah Hamdok. A la fecha (agosto 2020), se han designado 18 civiles como gobernadores, entre los cuales se encuentran mujeres, una situación inédita en el país. Sin embargo, también estos intentos hacia la equidad de género en la participación política ha sido uno de los desafíos que ha enfrentado el primer ministro. Al respecto, el vocero del gobierno, Faisal Mohamed Saleh, declaró: «Además, la elección de algunas gobernadoras enfrenta graves dificultades, incluyendo resistencia de algunas fuerzas locales y políticas» (Sudane Tribune, 2020). A pesar de la presión política y la resistencia en algunos sectores de la sociedad sudanesa sobre la participación de las mujeres, el primer ministro ha continuado con su posición respecto a la equidad de género.

Por otro lado, una de las principales demandas emanadas de las calles sudanesas fue la reforma de las instituciones de inteligencia y policiales que fueron centrales en el gobierno de al-Bashir. En respuesta a las demandas, Handok ha realizado cambios en dichas instituciones. Se destituyó al director general de las Fuerzas de Policía, teniente general Adel Bashaer, y a su mano derecha teniente general Osman Mohamed Younis, ambos con antecedentes en los servicios policiales durante en régimen de al-Bashir. También se debe destacar la renuncia de Salah Gosh como jefe de los Servicios de Seguridad e Inteligencia, resultado de las demandas populares.

Las acciones mencionadas no son una garantía de transición política en Sudán, pero sí representan signos de cambio considerables. En ese sentido, se puede argumentar que el pueblo de Sudán, a través de las demandas emanadas desde las calles, ha ganado dos batallas importantes en la guerra por la consolidación de la transición política en el país: la destitución de Omar al-Bashir y la conformación del Consejo Soberano. Éstos representan signos positivos hacia una transición política, pero aún quedan obstáculos por superar para la consolidación de la misma al final del periodo transitorio.

Conclusiones

En el gobierno de Omar al-Bashir se consolidó un régimen centralizado en su persona, represivo, con pocas libertades políticas y militarizado. El poder del Estado se sustentó en tres pilares institucionales: los militares, el Partido del Congreso Nacional y el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional. A través de éstos y de las redes clientelares que se tejieron al interior al-Bashir se mantuvo en el poder.

La ruptura interna entre Omar al-Bashir y el FNI resultó en la reestructuración del régimen y fue evidente que la era pos Al-Turabi estuvo dominada por diversas facciones rivalizando por el poder, con al-Bashir a la cabeza. Durante las dos décadas del siglo XXI, el gobierno se sustentó en alianzas entre militares, políticos del PCN, agentes de seguridad del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional y remanentes del FNI. Omar al-Bashir sustentó su poder en las fuerzas armadas y de seguridad, estrechó fuertes lazos de lealtad con altos mandos del ejército. Los servicios policiales y de inteligencia también representaron un pilar del poder de al-Bashir, el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional fue la piedra angular de la seguridad interna del gobierno.

El contexto político interno en Sudán se complejizó en los últimos años del gobierno de al-Bashir. El ejército continúa siendo uno de los pilares del Estado sudanés; sin embargo, hay varios grupos de poder y armados importantes al interior del triángulo de la élite sudanesa. Existen grupos paramilitares con actividades de seguridad que han ganado poder en el gobierno. Estos grupos tienen sus propios mandos y lealtades; incluso, tienen vínculos con actores externos con intereses en Sudán.

Por otro lado, los países que conforman la «troika árabe» han intensificado sus relaciones con actores en Sudán desde la destitución de al-Bashir, en un intento por influir en el periodo de transición y mantener a los militares en el poder. Se identificó que el área de oportunidad de las potencias árabes para mantener influencia en Sudán es la necesidad económica; mientras el país dependa económicamente de estos actores, la troika árabe tendrá influencia en el gobierno, en particular en la élite militar. En ese sentido, se deben considerar las relaciones personales de los altos mandos militares e integrantes del Consejo Soberano con países clave de la región como Egipto, Arabia Saudí y los EAU.

Otro interés de las potencias árabes durante las protestas fue el de prevenir un resurgimiento de la Hermandad Musulmana en Sudán. En este sentido, se dirigió su apoyo al Consejo para mitigar el descontento social en las calles. Como se mencionó, ninguno de estos países desea un escenario de «contagio popular» como el que se vivió en el año 2011.

La destitución de al-Bashir del poder se considera en el texto una batalla ganada por el pueblo sudanés. Durante décadas, estuvo bajo un régimen político donde los canales de participación política eran casi nulos, además de la acentuada crisis económica que ha afectado la calidad de vida de miles de sudaneses. Por tal motivo, la destitución de Omar al-Bashir y la conformación del Consejo Soberano es considerado uno de los primeros avances hacia la consolidación de la transición política en el país.

Las acciones del gobierno del primer ministro no son garantía de transición política en Sudán como se argumentó, pero se puede considerar que representan cambios importantes en la escena política interna. En ese sentido, se puede argumentar que el pueblo de Sudán, a través de las demandas emanadas desde las calles, ha avanzado hacia la consolidación de la transición política en el país; sin embargo, aún quedan obstáculos internos y regionales por superar.

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La primera edición electrónica del Cuaderno de Trabajo El militarismo como obstáculo al cambio político en Medio Oriente: los casos de Egipto, Palestina y Sudán, realizada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, se finalizó en mayo de 2022. La producción de esta obra estuvo a cargo de Ediciones del Lirio S.A. de C.V., ubicada en Azucenas 10, San Juan Xalpa, Iztapalapa, Ciudad de México. C.P. 09850. En su composición se utilizó la tipografía Dashiell Bright 10:12. Cuidado de la Edición: Departamento de Publicaciones, FCPYS.

Militarismo en el Mundo Árabe: el caso de Egipto

1 Los principios básicos de las teorías de la modernización son bastante claros: 1. Los efectos combinados de la revolución francesa y la revolución industrial de Gran Bretaña que minaron el viejo orden social, político y económico a favor de sociedades cada vez más complejas, diferenciadas y libres; 2. el cambio social, como producto de las dinámicas políticas internas, y 3. la industrialización como elemento clave para dar paso a la modernidad, la cual conduce a la convergencia entre las sociedades industrializadas. Ver más en Cook.

El militarismo en Palestina y los obstáculos para su estatalidad

1 Cabe destacar que el constante crecimiento de colonias de carácter judío en Jerusalén Este representa un serio reto para las dinámicas de estatalidad palestina. En tal tenor, se vive un proceso de “judaización de Jerusalén”; situación que rompe con las narrativas del Derecho Internacional, y con las posibles opciones de un acuerdo multilateral en términos de entendimiento y acceso a dicho espacio. Por lo anterior, es preciso señalar que la creciente construcción de colonias en la parte Este de Jerusalén no solamente violenta la fórmula de los dos Estados; también genera condiciones de apartheid y ciudadanías diferenciadas entre palestinos e israelíes.

2 Comprehensive Settlement Population 1972-2010. Foundation for Middle East Peace. http://www.fmep.org/settlement_info/settlement-info-and-tables/stats-data/comprehensive-settlement-population-1972-2006. Consultado el 23 de septiembre de 2014.

3 Ignacio Álvarez-Ossorio. ¿Es todavía viable un Estado palestino? Trabas y alternativas al Proceso de Paz. Fundación Alternativas. Observatorio de Política Exterior Española. España, 2007. p. 17.

4 Sin duda, uno de los grandes retos que enfrenta la política palestina es su polarización. Desde su propio surgimiento la Organización para la Liberación de Palestina aglutinó a movimientos de distinta índole; esto contrario a la idea de un movimiento de liberación nacional homogéneo y sin rupturas, lo mismo pasa con el actual liderazgo del movimiento islamista Hamás, quien forma gobierno en Gaza, pero presenta diversas rupturas ideológicas y pragmáticas en su seno

Sudán: militarismo y transición política

1 Ejemplo de estos grupos armados son las milicias janjaweed que operaban en la región de Darfur.

2 La iniciativa consideraba quitarle la facultad al presidente de designar a los gobernadores, y también le atribuía a la asamblea la facultad de destituir al presidente.

3 Hasan al-Turabi fue encarcelado en varias ocasiones por acusaciones de conspiración.

4 Las anteriores elecciones multipartidistas en Sudán se llevaron a cabo en 1986.

5 Alaa Salah es una estudiante sudanesa, se convirtió en icono de las protestas populares cuando fue captada por los medios internacionales de comunicación en el toldo de un auto cantando consignas y alentando a los manifestantes durante las protestas de 2019. Se le apodó la reina nubia.

6 Abdalla Hamdok es economista, ha ocupado cargos a escala nacional e internacional, se desempeñó como secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (uneca) de 2011 a 2018.